A lo largo del Siglo XX, se han ido
desarrollando organismos plurinacionales con el fin de aportar claridad,
organización, control y demás elementos que permitan una mayor facilidad en el
comercio internacional entre países y entre particulares y que contribuyan
junto con la firma de multitud de acuerdos internacionales a lo que últimamente
se está llamando globalización y que tanto ha contribuido al desarrollo del
comercio y la inversión mundial.
En la actualidad estas entidades
internacionales reguladoras del intercambio comercial, tienen como objetivo
imprimir mayor transparencia y agilidad en el comercio, buscando reducir o
eliminar trabas existentes, resguardar los derechos y garantías de la
remuneración por los servicios, trabajos o productos vendidos y la confección y
financiación de programas de ayuda a países en vías de desarrollo. Actuando
como organismos internacionales de cooperación, en la continua búsqueda de
armonizar entre los objeticos nacionales de equilibrio armónico interno y la
cada vez más importante globalización comercial y cultural existente en el
mundo.
Por ello, es conveniente que las
empresas conozcan la actividad de éstas instituciones y su evolución
previsible, ya que afectará a sus operaciones y, en este sentido, deberán
tenerse en cuenta para el diseño y ejecución de las estrategias de expansión en
el exterior. A continuación se reflejan los principales organismos supranacionales
que afectan a gran parte de los países, no se enumeraran los tratados de libre
comercio, las uniones económicas o monetarias.
1.1.-
La Organización Mundial de Comercio. (OMC. OID en ingles)
Conocida por sus siglas en castellano OMC o
como OID que son sus siglas en ingles,
es un organismo internacional permanente que se ocupa de las normas que rigen
el comercio entre los países, encargándose del desarrollo y liberalización del
comercio mundial; siendo la base jurídica e institucional que administra los
acuerdos comerciales negociados por sus miembros, en concreto el Acuerdo
General sobre Comercio y Aranceles (GATT en inglés), el Acuerdo General sobre
el Comercio de Servicios (GATS en inglés) y el Acuerdo sobre Comercio de
Propiedad Intelectual (TRIPs en inglés). Como función principal, la OMC es un
lugar al que acuden los gobiernos miembros para tratar de arreglar los
problemas comerciales que tiene entre sí, y coopera con el Banco Mundial y el Fondo
Monetario Internacional con el objetivo de lograr una mayor coherencia entre la
política económica y comercial a escala mundial.
Desde su nacimiento la OMC con la firma de los acuerdos de la “Ronde
Uruguay” entra en funcionamiento desde
el 1 de Enero de 1995, donde sustituyo al GATT, que había venido funcionando de
1948, como marco regulador de las relaciones comerciales internacionales. Desde
1948 ha ido ganando protagonismo a nivel mundial, en la actualidad cuenta con
de 157 miembros y una lista de cerca de 27 países candidatos (Afganistán,
Andorra, Argelia, Azerbaiyán, Bahamas, Bielorrusia, Bosnia y Herzegovina,
Bután, Comoras, Etiopía, Guinea Ecuatorial, Irán, Irak, Kazajistán, Laos,
Líbano, Libia, Liberia, Santo Tome y Príncipe, Serbia, Seychelles, Siria,
Sudán, Tayikistán, Uzbekistán, Ciudad del Vaticano y Yemen) con estatus de observadores,
cuya solicitud de adhesión ha sido admitida por la OMC; la Unión europea tiene
lugar propio como organización, además de que todos sus miembros formen parte
de ella. (http://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/tif_s/org6_s.htm)
Concluida la II Guerra Mundial, los líderes
políticos mundiales quisieron establecer una serie de organizaciones
internacionales que redujeran la posibilidad de que se repitiera de nuevo el
conflicto. Entre ellas los acuerdos GATT (La Habana 1947), que con posterioridad
se convirtió en la OMC en 1995 (no pudo crearse antes ante el rechazo por parte
del Congreso de los Estados Unidos en que participara ese país, con lo cual no
tenía sentido que la mayor potencia económica no perteneciera a la
organización) y por tanto desde 1947 estuvieron vigentes los acuerdos GATT
(Acuerdo General sobre aranceles aduaneros y comercio), imponiéndose unas
restricciones arancelarias entre los países que firmaron o se adhirieron con el
tiempo a esos acuerdos. Desde su puesta en marcha en 1948 han existido varias
rondas de conversaciones hasta la última como GATT que fue en 1993 en la
llamada Ronda Uruguay (Ronda Annecy en la que participaron 13 países en 1949;
Ronda de Torquay en 1951 con 38 países participantes; Ronda de Ginebra en 1956
formando parte de las conversaciones 26 países; Ronda Dillon con la asistencia
de 26 países en 1962; Ronda Kennedy con 62 países en 1967 en donde por primera
vez se redujeron los aranceles en general en vez de reducción por productos
“Rechazado por el Congreso de los Estados Unidos”; en la Ronda de Tokio que se
llevo a cabo entre los años 1973 a 1979 participaron 102 países en donde se
redujeron barreras no arancelarias y aranceles sobre bines manufacturados; la
última ronda de los GATT fue la Ronda Uruguay entre los años 1986 y 1993 con la
participación de 123 países en donde se acordó crear la OMC en donde se
llegaron a grandes acuerdos como la reducción de aranceles y subsidios a la
exportación, reducción de límites de importación y cuotas, apertura del mercado
monetario, acuerdo para reforzar la protección a la propiedad intelectual,
extendiendo la ley comercial internacional al sector de los servicios y
liberalización de la inversión externa y diversos acuerdos sobre
establecimientos de mecanismos de disputas entre países de los GATT).
Desde la Creación de la OMC, se han realizado
varias rondas de conversaciones, realmente con resultados más bien escasos.
Singapur 1996 concluyo con una declaración sobre comercio de productos de
tecnología de la información firmada por solamente 18 miembros; en Ginebra en
1998 se iniciaron las discusiones sobre el mercado electrónico; en 1999 con la
Ronda del Milenio no se llegó a ningún acuerdo; Doha 2001 algunos acuerdos
sobre agricultura y servicios; Conferencia Ministerial de Cancún 2003 sin ningún acuerdo relevante y
Conferencia Ministerial de Hong Kong 2005 con diversos aspectos relevantes al
proteccionismos en la agricultura y eliminación “teórica” de los subsidios
agrícolas en países desarrollados.
La OMC tiene su sede en Ginebra (Suiza)
y tiene como máxima autoridad en su estructura a la Conferencia Ministerial,
que es la reunión de todos los representantes los cuales se reúnen al menos
cada dos años. La labor cotidiana de la OMC está a cargo principalmente del
Consejo General, que es la máxima autoridad entre dos Conferencias y está
compuesto también por todos los miembros de la OMC. Además de desarrollar la
labor ordinaria en nombre de la Conferencia Ministerial, se reúne bajo dos
formas particulares: como Órgano de Solución de Diferencias y como Órgano de
Examen de las Políticas Comerciales. El Consejo General delega
responsabilidades en otros Consejos y Comités.
Las decisiones de la OMC se toman
por consenso explicito de todas las partes, de tal forma que cualquier país
puede en teoría bloquear un acuerdo, a diferencia de otros organismos
multilaterales como el Banco Mundial o el FMI que toman sus decisiones por
votos. Está prevista también la votación, en caso de que sea imposible lograr
el consenso, pero nunca se ha recurrido a ella y existe el compromiso de que
siga siendo así en el futuro. En cualquier caso, la votación se realizaría
sobre la base “de cada país un voto”, es decir, a diferencia de otras
organizaciones internacionales como el FMI, en la OMC no se contempla el voto ponderado. A pesar de la apariencia
democrática de estos procesos de toma de decisiones, alrededor del mismo se
despliegan una serie de mecanismos y presiones que convierten la OMC, como
cualquier otro organismo multilateral, en una institución totalmente
antidemocrática.
La
OMC, funciona a través de Rondas de Negociación. En cada Ronda se plantean una
serie de sectores y subsectores a liberalizar, así como otras cuestiones de
funcionamiento e implementación de los acuerdos. A lo largo de las diferentes
Rondas (que acostumbran a durar años), la OMC convoca lo que llama Conferencias
Ministeriales, donde se toman efectivamente los acuerdos. Entre conferencia y
conferencia se realizan reuniones de trabajo de las diversas comisiones que van
limando las diferencias sobre los temas que hay que negociar.
La OMC
es el único de los organismos multilaterales con capacidad reconocida para sancionar a los países miembros por el incumplimiento de sus reglas. Lo
hace a través del Órgano de Solución de Diferencias (OSD) y sus Paneles de
Expertos. Estos Paneles de Expertos actúan como un tribunal cuando un país o
grupo de países miembros denuncian a otro país por incumplir algún acuerdo de
la OMC. Las resoluciones del Panel de Expertos son vinculantes y pueden derivar
en sanciones comerciales mediante unos complejos sistemas, siendo uno de los
organismos muy utilizados. http://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/disp_settlement_cbt_s/c3s1p1_s.htm
1.1.1.- Principios de la OMC.
Los Acuerdos de la OMC abarcan
una gran variedad de actividades como: agricultura, textiles y vestido,
servicios bancarios, telecomunicaciones, contratación pública, normas
industriales y seguridad de los productos, reglamentos sobre sanidad de los alimentos,
propiedad intelectual y muchos temas más. Ahora bien, todos estos acuerdos
están inspirados en varios principios simples y fundamentales que constituyen
la base del sistema multilateral de comercio.
La OMC es un mecanismo con dos
principios básicos
1.
Un mecanismo
para el intercambio de compromisos en materia de política comercial.
2. Un código de
conducta: una serie de compromisos legales específicos que regulan las
políticas comerciales de los Estados miembros.
En
cuanto al segundo punto, este código
de conducta emerge de un proceso de negociación que incluye (a pesar de no estar
limitado a) una serie de compromisos legales para reducir las barreras al
comercio. Así pues, estos compromisos se encuentran estipulados en los
distintos acuerdos alcanzados: GATT, GATS y TRIPS. La OMC constituye un marco o
estructura de normas y disciplinas para las políticas relacionadas con el comercio,
es decir, que la OMC como organización no define ni especifica el resultado de
las rondas de negociación, sino que este resultado depende de los acuerdos
alcanzados por los Estados miembros dentro de dicha estructura
Para
entender exactamente en qué consiste dicho código
de conducta, se considera que existen seis principios o dimensiones de la OMC que son de
particular interés para entender su funcionamiento. Estos cinco principios
configuran la base legal sobre la que los Estados miembros pueden llegar a
acuerdos, sin que estos acuerdos puedan violar ninguno de estos principios
1.1.1.1.-
Comercio sin discriminaciones.
·
Nación más favorecida NMF: igual trato para todos los demás. En virtud de los Acuerdos de la OMC, los
países no pueden establecer discriminaciones entre sus diversos interlocutores
comerciales. Si se concede a un país una ventaja especial (por ejemplo, la
reducción del tipo arancelario aplicable a uno de sus productos), se tiene que
hacer lo mismo con todos los demás Miembros de la OMC. Tomemos un ejemplo, supongamos que
la Unión Europea (UE) tiene un acuerdo particular con los Estados Unidos por el
cual a los coches
deportivos estadounidenses se les impone unos aranceles del 10% a
la entrada en territorio de la UE. En un tiempo China empieza a producir
también coches
deportivos y pretende exportarlos a la UE. Los coches deportivos
chinos tienen un precio muy por debajo de los estadounidenses y europeos. Así
pues, y con el fin de evitar que invadan la UE con coches chinos deciden imponer
un Arancel del 50% sobre el valor del vehículo con el fin de que sean menos
atractivos a los consumidores finales. Pues bien, este
comportamiento estaría prohibido por el principio de la NMF: puesto que la UE
aplica aranceles del 10% a los coches deportivos estadounidenses está obligada a aplicar el
mismo arancel a los coches deportivos chinos o de cualquier otro Estado miembro
de la OMC. Es más, el principio de la NMF se aplica también si el Estado
miembro tiene un acuerdo con otro país que no sea miembro de la OMC. Es decir,
que si la UE tuviera un acuerdo bilateral con Mongolia (que no es miembro de la
OMC) por el cual los aranceles impuestos a los coches deportivos mongoles
fuera del 5%, la UE estaría obligada a garantizar unos aranceles máximos del 5%
a todos los Estados miembros de la OMC. La
norma de la NMF se aplica incondicionalmente, a pesar de que existen excepciones. Las tres
excepciones más importantes son:
· Las Zonas de Libre
Comercio (Free Trade Area) que son acuerdos entre países por los
cuales a las exportaciones se les deja de imponer arancel alguno (un ejemplo es
la NAFTA entre EEUU, México y Canadá) Esos acuerdos se aplican únicamente a los productos objeto
de comercio dentro del grupo y hacer discriminaciones con respecto a los
productos de terceros países.
· Las Uniones Aduaneras
(Custom Union)
que son zonas de libre comercio pero dónde los países no sólo dejan de imponer
aranceles a las exportaciones entre éstos sino que además adoptan aranceles
comunes para las importaciones de países terceros (el ejemplo más conocido es
la UE).
· Los acuerdos de trato preferencial
que son acuerdos entre países industrializados y en desarrollo por los cuales
los primeros dan un trato arancelario preferencial (es decir, aranceles
inferiores) a los segundos.
· Un
país puede poner obstáculos a los productos que se consideren objeto de un
comercio desleal procedentes de países específicos. Y, en el caso de los
servicios, se permite que los países, en ciertas circunstancias restringidas,
apliquen discriminaciones.
Sin
embargo, los acuerdos sólo permiten estas excepciones con arreglo a condiciones
estrictas. En general, el trato NMF significa que cada vez que un país reduce un
obstáculo al comercio o abre un mercado, tiene que hacer lo mismo para los
mismos productos o servicios de todos sus interlocutores comerciales, sean
ricos o pobres, débiles o fuertes.
·
Trato
nacional igual trato para nacionales y extranjeros.
Las mercancías
importadas y las producidas en el país deben recibir el mismo trato, al menos
después de que las mercancías extranjeras hayan entrado en el mercado. Lo mismo
debe ocurrir en el caso de los servicios extranjeros y los nacionales, y en el
de las marcas de fábrica o de comercio, los derechos de autor y las patentes
extranjeras y nacionales, esta aplicación hay que hacerla tanto a las
regulaciones fiscales como políticas. Siguiendo con el ejemplo
anterior, supongamos que los coches chinos se encuentran ya en la aduana de la
UE tras haber pagado el arancel del 10%. Ahora que la UE ha decidido establecer
a nivel europeo una nueva norma para fomentar el comercio intraeuropeo. Digamos
que dicha norma consiste en una reducción fiscal del 10% de los costes de
transporte de los coches europeos para las empresas europeas que producen
dichos coches. Pues bien, según el principio de Trato
Nacional, la UE estaría obligada a garantizar dicha
reducción fiscal del 10% de los costes de transporte en territorio europeo a
todas las empresas chinas y de los Estados miembros de la OMC que quisieran
exportar coches en territorio europeo. El
trato nacional sólo se aplica una vez que el producto, el servicio o la obra de
propiedad intelectual han entrado en el mercado. Por lo tanto, la aplicación de
derechos de aduana a las importaciones no constituye una transgresión del trato
nacional, aunque a los productos fabricados en el país no se les aplique un
impuesto equivalente.
En
ambos casos, la obligación es de dar un trato no menos favorable. Es
decir, que un país puede favorecer un determinado producto extranjero en
relación al nacional pero sujeto al principio de NMF, es
decir, que dicho trato favorecedor deberá ser garantizado a todos los
productos similares de cualquier país extranjero miembro de la OMC. Lo
contrario también es cierto, es decir, que un país puede favorecer un producto
nacional en relación a uno extranjero (por ejemplo con elevados aranceles sobre
ese producto), pero entonces el país deberá favorecer dicho producto nacional
en relación a todos los productos similares de cualquier país extranjero miembro de la OMC.
En nuestro ejemplo anterior, esto quiere decir que la UE no puede imponer
aranceles elevados a los coches chinos y bajos a los estadounidenses, pero sí
que podría imponerles aranceles bajos e iguales (no discriminación) o
aranceles elevados e iguales a ambos países.
El
principio de NMF tiene una serie de objetivos económicos y políticos. En cuanto al
objetivo económico, si la política de un país no discrimina entre países
extranjeros, tanto importadores como consumidores continuarán teniendo el
incentivo de comprar del país con un menor coste (es decir, precio). En cuanto
al objetivo político, la NMF ofrece a los países pequeños la posibilidad de impedir que países más
grandes den mejor trato a competidores por razones de Política Exterior.
Además, el principio de NMF, busca mantener la cooperación mediante el incremento del coste de un
país de desviarse de sus compromisos, incrementando así la credibilidad de
estos compromisos. Siguiendo con el ejemplo anterior, si la UE siguiera
queriendo imponer tarifas a los coches chinos del 50%, lo podría hacer, pero
entonces tendría que incrementar hasta ese nivel las tarifas impuestos a los
coches de cualquier otro país miembro de la OMC. Esto querría decir que, de un
día para otro, debido a la subida de los aranceles, el precio de todos los
coches no europeos en la UE se incrementaría. Como seguramente la UE no quiere
que sus ciudadanos paguen más caros todos los coches no europeos, finalmente
decidirá ajustarse al compromiso que había alcanzado con todos los miembros de
la OMC: una tarifa del 10%. Así el principio de la NMF
incrementa el coste de cualquiera de sus miembros a desviarse de los
compromisos previos alcanzados.
El
objetivo del principio de trato nacional es que de igual forma, los compromisos
de reducción de aranceles, no sean contrarrestados mediante el uso de impuestos
o medidas similares. La obligación se aplica siempre, se haya alcanzado o no un
compromiso en materia de aranceles, y cubre todos las políticas. En el
principio de trato nacional es irrelevante hasta qué punto se le
produce un daño económico al exportador extranjero mediante una ley o norma
nacional, lo que importa es si esta ley discrimina entre productores nacionales
y extranjeros
1.1.1.2.- Comercio más libre.
De manera gradual, mediante
negociaciones. La reducción de los obstáculos al comercio es uno de los medios más
evidentes de alentar el comercio. Esos obstáculos incluyen los derechos de
aduana (o aranceles) y medidas tales como las prohibiciones de las
importaciones o los contingentes que restringen selectivamente las cantidades
importadas. Ocasionalmente se han debatido también otras cuestiones, como el
papeleo administrativo y las políticas cambiarias.
Desde la creación del
GATT, en 1947-48, se han realizado diversas rondas de negociaciones comerciales. Actualmente está en curso una
nueva ronda, en el marco del Programa de Doha para el Desarrollo. Al principio,
estas negociaciones se centraban en la reducción de los aranceles (derechos
aduaneros) aplicables a las mercancías importadas. Como consecuencia de las negociaciones,
a mediados del decenio de 1990 los aranceles aplicados por los países
industrializados a los productos industriales habían ido bajando de forma
ininterrumpida, hasta situarse en menos del 4 por ciento.
Por otra parte, en el
decenio de 1980 las negociaciones se habían ampliado para incluir los
obstáculos no arancelarios aplicados a las mercancías y esferas nuevas como las
de los servicios y la propiedad intelectual.
La apertura de los
mercados puede ser beneficiosa, pero también exige una adaptación. Los Acuerdos
de la OMC permiten que los países introduzcan cambios gradualmente, mediante
una “liberalización progresiva”. Por lo general, los países en desarrollo
disponen de plazos más largos para cumplir sus obligaciones.
1.1.1.3.- El principio de reciprocidad.
El principio de reciprocidad se aplica en el momento en que existen
negociaciones para la entrada de un nuevo miembro a la OMC. Cuando un país
quiere formar parte de la OMC el resto de Estados miembros están obligados a
garantizar las tarifas acordadas al resto de Estados miembros, tal y como se ha
descrito más arriba, debido al principio de la NMF. En nuestro ejemplo, si China quisiera
formar parte de la OMC, el resto de países de la OMC, en nuestro ejemplo, la UE
y los EEUU, tendrían que garantizar a los productos chinos las mismas tarifas
que las aplicadas al resto de miembros, en nuestro ejemplo, una tarifa del 10%
para los coches. El principio de reciprocidad
implica que el resto de Estados miembros
pueden decidir, como requisito para la entrada de China a la OMC, que ésta baje
a su vez las tarifas que aplica a determinados productos provenientes de
Estados miembros.
El
objetivo del principio de reciprocidad es impedir el free riding.
Es decir, que un país con tarifas elevadas que quiera entrar a formar parte de
la OMC, se beneficie de unas tarifas bajas en todos los miembros de la OMC para
sus productos (por el principio de la NMF) y el
país pueda seguir imponiendo tarifas elevadas para los productos de los
miembros de la OMC.
1.1.1.4.-
Previsibilidad: mediante consolidación y transparencia.
A veces, la promesa de no
aumentar un obstáculo al comercio puede ser tan importante como reducir otro,
ya que la promesa permite que las empresas tengan una visión más clara de sus oportunidades
futuras. Mediante la estabilidad y la previsibilidad se fomentan las
inversiones, se crean puestos de trabajo y los consumidores pueden aprovechar
plenamente los beneficios de la competencia: la posibilidad de elegir precios
más bajos. El sistema multilateral de comercio constituye un intento de los
gobiernos de dar estabilidad y previsibilidad al entorno comercial.
En la OMC, cuando los
países convienen en abrir sus mercados de mercancías y servicios, “consolidan”
sus compromisos. Con respecto a las mercancías, estas consolidaciones equivalen
a límites máximos de los tipos arancelarios. En algunos casos, los derechos de
importación aplicados son inferiores a los tipos consolidados. Esto suele
ocurrir en los países en desarrollo. En los países desarrollados los tipos
efectivamente aplicados y los consolidados tienden a ser iguales.
Un país puede
modificar sus consolidaciones, pero sólo después de negociarlo con sus
interlocutores comerciales, lo que puede significar que tenga que compensarlos por
la pérdida de comercio. Uno de los logros de las negociaciones comerciales
multilaterales de la Ronda Uruguay consistió en incrementar la proporción del
comercio sujeto a compromisos vinculantes. En la agricultura, el 100 por ciento
de los productos tienen actualmente aranceles consolidados. El resultado de
todo ello es un grado considerablemente mayor de seguridad de los mercados para
los comerciantes y los inversores.
El sistema trata
también de mejorar la previsibilidad y la estabilidad por otros medios. Uno de
ellos consiste en desalentar la utilización de contingentes y otras medidas
empleadas para fijar límites a las cantidades que se pueden importar (la
administración de los contingentes puede dar lugar a un aumento del papeleo
administrativo y a acusaciones de conducta desleal). Otro medio es hacer que
las normas comerciales de los países sean tan claras y públicas
(“transparentes”) como sea posible. En muchos de los Acuerdos de la OMC se
exige que los gobiernos divulguen públicamente sus políticas y prácticas en el
país o mediante notificación a la OMC. La supervisión periódica de las
políticas comerciales nacionales por medio del Mecanismo de
Examen de las Políticas Comerciales
constituye otro medio de alentar la transparencia tanto a nivel nacional como
multilateral.
La transparencia es
una obligación legal, incluida en el Artículo X GATT, Artículo III del GATS y
Artículo 63 TRIPS. Los miembros están obligados a publicar sus normas en
materia de comercio, a establecer y mantener instituciones permitiendo la
revisión de las decisiones administrativas que puedan afectar al comercio, a
responder a las demandas de información por parte de otros miembros, y a
notificar a la OMC cualquier cambio en la política comercial.
Estos
requisitos de transparencia interna se suplementan con el control multilateral
que ejercen los propios miembros de la OMC, facilitado además por informes
nacionales periódicos que son preparados por el secretariado y discutidos en el
Consejo de la OMC. Esto configura el llamado Mecanismo de Revisión de Políticas
Comerciales.
1.1.1.5.- Fomento de una competencia
leal.
Algunas veces se
describe a la OMC como una institución de “libre comercio”, lo que no es
completamente exacto. El sistema permite la aplicación de aranceles y, en
circunstancias restringidas, otras formas de protección. Es más exacto decir
que es un sistema de normas consagrado al logro de una competencia libre, leal
y sin distorsiones.
Las normas sobre no
discriminación — NMF y trato nacional — tienen por objeto lograr condiciones
equitativas de comercio. Es también el objeto de las normas relativas al
dumping (exportación a precios inferiores al costo para adquirir cuotas de
mercado) y las subvenciones. Las cuestiones son complejas y las normas tratan
de establecer lo que es leal o desleal y cómo pueden responder los gobiernos,
en particular mediante la aplicación de derechos de importación adicionales
calculados para compensar el daño ocasionado por el comercio desleal.
Muchos de los demás
Acuerdos de la OMC están destinados a apoyar la competencia leal, por ejemplo,
en la agricultura, la propiedad intelectual y los servicios. El Acuerdo sobre Contratación Pública
(que es un acuerdo “plurilateral” porque sólo ha sido firmado por algunos de
los Miembros de la OMC) hace extensivas las normas en materia de competencia a
las compras realizadas por miles de entidades públicas de muchos países. Y así
sucesivamente.
1.1.1.6.-
Promoción del desarrollo y la reforma económica.
El sistema de la OMC
contribuye al desarrollo. Por otra parte, los países en desarrollo necesitan
flexibilidad en cuanto al tiempo preciso para aplicar los Acuerdos del sistema.
Y a su vez los Acuerdos incorporan las disposiciones anteriores del GATT que
prevén asistencia y concesiones comerciales especiales para los países en
desarrollo.
Más de las tres
cuartas partes de los Miembros de la OMC son países en desarrollo y países en
transición a economías de mercado. Durante los siete años y medio que duró la
Ronda Uruguay, más de 60 de esos países aplicaron autónomamente programas de
liberalización del comercio. Al mismo tiempo, los países en desarrollo y las
economías en transición fueron mucho más activos e influyentes en las
negociaciones de la Ronda Uruguay que en ninguna ronda anterior, y aún lo son
más en el actual Programa de Doha para el Desarrollo.
Al finalizar la Ronda
Uruguay, los países en desarrollo estaban dispuestos a asumir la mayoría de las
obligaciones que se imponen a los países desarrollados. No obstante, los
Acuerdos les concedían períodos de transición para adaptarse a las
disposiciones — menos conocidas y quizás más difíciles — de la OMC,
especialmente en el caso de los más pobres, los países “menos adelantados”. En
una Decisión Ministerial
adoptada al final de la Ronda se dice que los países más ricos deben acelerar
la aplicación de los compromisos en materia de acceso a los mercados que
afecten a las mercancías exportadas por los países menos adelantados, y se pide
que se les preste una mayor asistencia técnica. Más recientemente, los países
desarrollados han empezado a permitir la importación libre de aranceles y de
contingentes de casi todos los productos procedentes de los países menos
adelantados. En todo ello la OMC y sus Miembros atraviesan aún un proceso de
aprendizaje. El actual Programa de Doha para el Desarrollo incluye las
preocupaciones de los países en desarrollo por las dificultades con que
tropiezan para aplicar los acuerdos de la Ronda Uruguay.
1.1.2.- La solución de diferencias (dispute
settlement).
La OMC
es una de las pocas organizaciones internacionales que dispone de un órgano de
solución de diferencias. Se trata de un sistema muy similar al Derecho de la
UE. Los compromisos de reducción de tarifas se enumeran en listas de
concesiones (por ejemplo, el país X tiene una tarifa de Y en tal producto).
Estas listas establecen límites obligados (ceiling binds): el país concernido no puede incrementar las
tarifas por encima de éstos límites (con límites para cada producto extranjero.
En
ocasiones, un país puede ser acusado de haber incrementado las tarifas. Sin
embargo éste no es el caso más frecuente. Puesto que controlar las tarifas
impuestas por el país es sencillo, basta con saber el importe pagado por la empresa
exportadora y si dicha tarifa es superior al límite obligatorio
estipulado. En cambio, la mayoría de problemas se derivan de otras acusaciones.
En particular, la mayoría de casos se dan por supuestas violaciones del
principio de trato nacional, es decir, porque un miembro considera
que las normas nacionales discriminan a sus productores (exportadores) en
relación a los nacionales del país.
Si un
país considera que las acciones llevadas a cabo por otro miembro tienen como
efecto anular o perjudicar las negociaciones de acceso al mercado o cualquiera
de las normas de la OMC, puede pedirle al gobierno de dicho miembro que cambie
estas normas o le permita un mayor acceso a su mercado (reducción de tarifas)
en otros productos que al país interesen. Si no se llega a un acuerdo, el país
puede iniciar una acción legal contra el miembro mediante la solución de
diferencias de la OMC. Esto implica la constitución de un panel
de expertos encargados de determinar si la medida del miembro contestada por el
país viola los acuerdos de la OMC. Puesto que la OMC es un acuerdo
intergubernamental (entre países), solamente los gobiernos tienen derecho a
llevar un caso ante un panel.
Es muy
importante entender cómo funciona el sistema de solución de diferencias
para entender el funcionamiento de la OMC en sí. La OMC no puede obligar a un
país a reducir sus tarifas puesto que no dispone de poder coercitivo (no
dispone de policía) que puedan hacer cumplir las decisiones de los paneles.
En cambio, cuando un país acusa a otro de llevar a cabo acciones que perjudican
su acceso al mercado y que son contrarias a las normas de la OMC, el panel,
de la misma forma que haría un tribunal, decide si las normas de la OMC fueron
violadas o no. Si considera que no ha habido violación alguna, se mantiene el status quo.
Si en cambio considera que sí hubo violación, entonces autoriza al país
afectado por tal violación a tomar medidas unilaterales en represalia. Por
ejemplo, supongamos de nuevo que la UE decide llevar a cabo una reducción
fiscal del 10% a los costes de transporte de empresas europeas productoras de
coches. Supongamos que tal medida es considerada discriminatoria y viola el trato nacional
puesto que las empresas extranjeras no se pueden beneficiar de dicha reducción.
Entonces el panel decide
cual es el daño aproximado, medido en dinero, que se le ha producido al país
que denunció las acciones del otro miembro. Una vez contabilizado dicho daño,
el país afectado puede iniciar medidas de represalia, es decir, una subida en
las tarifas aplicadas a los productos del otro miembro que equivalga al daño
económico que este miembro le causó.
Se
deben de tener en cuenta diversos aspectos de este sistema de solución de
diferencias. Continuando con el ejemplo anterior, supongamos
que el panel decide
dar la razón a China, cuyas empresas no se pueden beneficiar de la reducción
fiscal del 10% en costes de transporte en Europa. Así pues, China y la UE
podrían llegar a un acuerdo. Por ejemplo, China podría incrementar las tarifas
que impone a los productos provenientes de la UE por un valor igual al daño
económico causado por las acciones de la UE a China. Podría suceder también que
la UE decidiera eliminar dicha norma por no convenirle la subida de tarifas por
parte de China. Es importante notar que en este caso la UE podría seguir
llevando a cabo la política deseada (una reducción fiscal del 10%) si así lo
decidiera, sin que la decisión del panel entorpeciera la soberanía de la UE en decidir qué
medida llevar a cabo. Ahora bien, supongamos en cambio que en otro caso,
Burkina Faso acuse a la UE de llevar a cabo una medida similar que haya
disminuido el acceso del maíz producido por sus agricultores al mercado
europeo. Supongamos que el panel da la razón a Burkina Faso y le autoriza a tomar
medidas en represalia. Pero imaginemos que Burkina Faso importa de la UE bienes
de capital que utilizan sus empresas y productos farmacéuticos únicamente. Como
a Burkina Faso no le interesa incrementar las tarifas impuestas a estos
productos, básicamente porque esto encarecería las máquinas que utilizan sus empresas
o los medicamentos que pagan sus ciudadanos, las acciones de la UE quedan
impunes.
Así
pues, aunque el sistema de solución de diferencias impide la represalia unilateral
de un país (puesto que antes debe pasar el juicio del panel),
la capacidad real de un país de responder a una acción de otro miembro que
reduzca el acceso a su mercado depende de las características económicas de los
países que se enfrenten. Esto es particularmente importante para países con una
economía pequeña puesto que, dadas sus características, las medidas de
represalia pueden ser poco efectivas o creíbles, incentivando así a que se
infrinjan las normas contra los intereses de estos países. Los principios de no discriminación,
reciprocidad
y la solución
de diferencias tienen como objetivo conjunto asegurar el
tercero de los seis principios de la OMC, el principio de acuerdos
vinculantes, puesto que aseguran el cumplimiento de los
compromisos alcanzados en el seno de la OMC.
1.1.3.- Las Excepciones.
En la
OMC no existen excepciones ad hoc: si un miembro quiere desviarse de sus compromisos,
debe invocar la excepción apropiada o renegociar sus compromisos.
En
cualquier caso, existen bastantes provisiones en los acuerdos admitiendo
excepciones a las obligaciones básicas (límites tarifarios, prohibición de
restricciones cuantitativas, no discriminación, etc.). Estas excepciones se
pueden agrupar en tres categorías:
ü Excepciones de
carácter industrial:
medidas inconsistentes con las obligaciones de la OMC y que en general reflejan
el deseo de un Estado miembro de asistir a una industria específica en su
competencia con las importaciones extranjeras. El objetivo es pues la
protección de las empresas nacionales.
ü Excepciones que
afectan a la economía en general: políticas enfocadas a un problema
macroeconómico o de oferta de un bien público (sanidad o seguridad pública por ejemplo). A diferencia de la anterior excepción, cuyo único
objetivo es el de proteger a un determinado grupo de la sociedad (empresas y
trabajadores/as de éstas), ésta tiene como objetivo incrementar el bienestar
general.
ü Excepciones institucionales o
sistémicas: motivadas por el deseo general de los miembros en
tratar un problema específico de algún miembro o salvaguardar el funcionamiento
del sistema comercial en su conjunto.
1.1.4.- El Sector Agrícola.
La no
Total liberalización del comercio agrícola ha sido una de las principales
críticas por parte de amplios sectores. En ocasiones estas críticas se han
dirigido a la OMC, a pesar de que ésta como tal no controle el resultado de los
compromisos: son los Estados miembros, no la OMC, quienes deciden si permitir
que los productos agrícolas extranjeros puedan tener un mayor acceso a sus
respectivos mercados
Lo
cierto es que el sector agrícola es uno de los menos liberalizados, es decir,
uno de los sectores dónde los principales mercados (EEUU, Japón y la UE) aplican tarifas más elevadas a las importaciones provenientes
del extranjero. En la UE, la Política Agrícola Común (PAC) impide el acceso de
muchas exportaciones de productos agrícolas para proteger a los agricultores
europeos de la competencia de otros países. En EEUU, un complejo sistema de
subsidios protege de igual forma a sus respectivos agricultores. No solamente
no permiten el acceso a sus mercados sino que, además, en algunos casos
determinados, debido a unos precios nacionales superiores a los mundiales
causados por dicha protección (por ejemplo en la UE), se incentiva el
incremento de la producción en estos países.
Se han dado casos en los que países industrializados han producido un excedente
de productos agrícolas, por los precios nacionales superiores a los mundiales
(que incentivan al agricultor a producir más para ganar más). Como el país
industrializado no tiene la suficiente demanda para satisfacer toda la producción, ni formas de almacenar los productos
agrícolas (entre otras cosas porque muchos son perecederos), se decide exportar
dicho excedente. El problema es que, al exportar estos productos, se incrementa
su oferta en el mercado mundial y a mayor oferta, se reduce su precio a nivel
mundial o incluso llegan tales productos a países en desarrollo que no pueden
competir con ellos, no porque sean menos competitivos, sino porque el país
industrializado, al ofrecer un subsidio a sus agricultores facilita el que
éstos puedan venderlos más baratos. El problema se agrava aún más si se tiene
en cuenta que en los países desarrollados tan sólo alrededor de un 5% de la
población activa trabaja en la agricultura,
mientras que en los países en desarrollo el porcentaje siempre es tremendamente
superior. Es así como la protección garantizada a unos pocos agricultores
(pagada con el dinero del contribuyente
que tiene que pagar precios más altos o sufragar el gasto de los subsidios a
los agricultores de su país), acaba impidiendo el acceso al mercado de los
países ricos a los agricultores que más lo necesitan o incluso acaban
reduciendo el precio de las exportaciones de éstos, con las evidentes
consecuencias en su renta.
Si es
cierto que todos los aranceles
aplicables a los productos agropecuarios están consolidados. La casi totalidad
de las restricciones a la importación que no revestían la forma de aranceles,
como los contingentes, han sido convertidas en aranceles, proceso denominado
“arancelización”. Esto ha hecho que los mercados sean mucho más previsibles en
el sector de la agricultura. Anteriormente, más del 30 por ciento de los
productos agropecuarios estaban sujetos a contingentes o restricciones a la
importación. El primer paso de la “arancelización” fue sustituir esas
restricciones por aranceles que representaban aproximadamente el mismo nivel de
protección. Después, a lo largo de seis años (1995-2000) esos aranceles se
fueron reduciendo gradualmente (en el caso de los países en desarrollo el
período de reducción finaliza en 2005). Los compromisos de acceso a los
mercados en la esfera de la agricultura eliminan también las prohibiciones de
importación aplicadas anteriormente a determinados productos. No obstante
aunque existan aranceles lo descrito con anterioridad no permite fácilmente el
acceso a los mercados europeos y norteamericanos de productos o si lo hacen
tienen difícil su venta debido a las subvenciones.
La no
apertura de los mercados de los países ricos a los productos agrícolas ha sido
motivo de duras luchas por parte de los países en desarrollo. El problema es
que, debido a la forma en que se ha configurado el sistema propio de la OMC, no
existe por parte de los países ricos un interés especial en permitir dicho
acceso. En la OMC cada acuerdo se negocia: el país X rebaja sus tarifas en tal
producto que exporta el país Y si a su vez el país Y rebaja sus tarifas en tal
otro producto que exporta X. Con este sistema se liberaliza el comercio sin que
un país pierda toda su protección a cambio de nada y por lo tanto ambos países
puedan ganar con dicha liberalización. El problema es que los países pobres
tienen poca cosa que ofrecer a los ricos, como son pobres y tienen una demanda
poco importante, no pueden ofrecer a los países ricos la apertura de sus
mercados en otros productos a cambio de que los ricos abran sus mercados
agrícolas, porque los mercados de los países pobres no son importantes para las
exportaciones de los países ricos. Es así como el sistema lesiona el poder de
negociación de los países pobres.
Sin
duda alguna se trata de un problema complejo de difícil solución. En primer
lugar, están los agricultores de los países ricos que presionan al gobierno
para que no deje de protegerlos. Además, a pesar de que en conjunto, la
población ocupada en el sector agrario en los países industrializados es muy
reducida, también es cierto que ésta no se reparte homogéneamente por todo el
territorio, y existen zonas de estos países donde la agricultura es todavía hoy
importante. Así pues, si se decidiera desproteger a estos agricultores sin una
ayuda alternativa, muchas zonas rurales podrían perder parte de su actividad
económica, incentivando así la despoblación de zonas rurales y el incremento de
la población en zonas urbanas. En segundo lugar, existen también argumentos de seguridad
alimentaria. Quienes defienden este argumento consideran que es
mejor que el propio país produzca sus alimentos para no verse afectado por una
posible disminución de las importaciones que provocaran la escasez de
alimentos. Este argumento ha recibido duras críticas por parte de quienes
consideran que la liberalización del comercio en el sector agrícola reduciría
este problema más que acrecentarlo: si un país puede exportar y otro importar
libremente, es difícil pensar en una situación dónde no existiera a escala
mundial un excedente de producción alimentaria que supliera la escasez en otro
lugar del mundo, especialmente si hablamos de países ricos que pueden
permitirse pagar los alimentos a precios más elevados (como de hecho ya lo
están haciendo los ciudadanos europeos o estadounidenses, entre otros).
Es
cierto que los acuerdos de los países industrializados de la OMC tienen
compromisos para ir reduciendo paulatinamente la ayuda interna a la agricultura
y por otro lado ciertos países en vías de desarrollo se comprometen a ir
limitando las subvenciones a la exportación de productos agropecuarios. No
obstante esa completa liberalización de subvenciones y ayudas es tremendamente
compleja debido principalmente a problemas políticos y temores de
desabastecimiento. Desde la Ronda Uruguay se están limitando las subvenciones y
ayudas a la exportación con el fin de evitar la distorsión existente hasta
entonces y se espera que no deje de avanzar en la completa liberalización de la
agricultura mediante el ACUERDO SOBRE LA AGRICULTURA.
La finalidad del Acuerdo sobre la Agricultura es reformar el comercio
del sector y lograr que las políticas estén más orientadas al mercado.
Ello aumentaría la previsibilidad y la seguridad, tanto para los países
importadores como para los exportadores.
Las normas y
compromisos nuevos se aplican a:
· El acceso a los
mercados:
diversas restricciones comerciales que afectan a las importaciones.
·
La ayuda interna: subvenciones y otros programas,
incluidos los que elevan o garantizan los precios al productor y los ingresos
de los agricultores.
·
Las subvenciones a la exportación y otros métodos utilizados para
lograr artificialmente que las exportaciones sean competitivas.
El Acuerdo autoriza a
los gobiernos a prestar ayuda a sus economías rurales, pero preferiblemente por
medio de políticas que ocasionen menos distorsiones del comercio. También
permite cierta flexibilidad en la forma de aplicar los compromisos. Los
países en desarrollo no tienen que reducir sus subvenciones ni sus aranceles en
la misma medida que los países desarrollados, y se les concede un plazo
adicional para cumplir sus obligaciones. Los países menos adelantados no
tienen que hacerlo en absoluto. Existen disposiciones especiales sobre
los intereses de los países cuyo abastecimiento de alimentos depende de las
importaciones y sobre las preocupaciones de las economías menos adelantadas.
Existen en el Acuerdo
disposiciones de “paz” destinadas a reducir la probabilidad de que surjan
diferencias o impugnaciones con respecto a las subvenciones agrícolas durante
un período de nueve años hasta el final de 2003.
La nueva norma del
acceso a los mercados para los productos agropecuarios es “aranceles
únicamente”. Antes de la Ronda Uruguay, algunas importaciones de
productos agropecuarios estaban limitadas por contingentes y otras medidas no
arancelarias. Estas medidas han sido sustituidas por aranceles que
representan niveles de protección más o menos equivalentes: si las
políticas anteriores significaban que los precios internos eran un 75 por
ciento más elevados que los precios mundiales, el nuevo arancel podría ser de
aproximadamente el 75 por ciento (esta conversión de los contingentes y otros
tipos de medidas en aranceles se denomina “arancelización”).
El Acuerdo sobre la
Agricultura prohíbe las subvenciones a la exportación de productos
agropecuarios, a menos que las subvenciones se especifiquen en las listas de
compromisos de los Miembros. Una vez especificadas en las listas, el
Acuerdo exige a los Miembros de la OMC que reduzcan la cantidad de dinero que
gastan en subvenciones a la exportación y las cantidades de las exportaciones
subvencionadas. Tomando los promedios de 1986-90 como nivel de base, los
países desarrollados convinieron en reducir el valor de las subvenciones a la
exportación en un 36 por ciento durante un período de seis años a partir de
1995 (un 24 por ciento a lo largo de 10 años en el caso de los países en
desarrollo). Los países desarrollados convinieron también en reducir las
cantidades de exportaciones subvencionadas en un 21 por ciento durante esos seis
años (un 14 por ciento durante 10 años en el caso de los países en
desarrollo). Los países menos adelantados no estaban obligados a hacer
ninguna reducción.
Durante el período de
aplicación los países en desarrollo están autorizados, en determinadas condiciones,
a utilizar subvenciones para reducir los costes de comercialización y de
transporte de las exportaciones.
En virtud del Acuerdo
sobre la Agricultura, los Miembros de la OMC tienen que reducir sus
exportaciones subvencionadas, pero algunos países importadores dependen de los
suministros de alimentos subvencionados baratos procedentes de los principales
países industrializados. Entre ellos figuran algunos de los países más pobres
y, aunque sus sectores agrícolas puedan recibir un impulso por el aumento de
los precios causado por la reducción de las subvenciones a la exportación, es
posible que necesiten ayuda temporalmente para realizar los ajustes necesarios
para hacer frente al aumento de los precios de las importaciones, y finalmente
para exportar. En una decisión ministerial especial se establecen objetivos y
ciertas medidas para el suministro de ayuda alimentaría y ayuda para el
desarrollo agrícola. La decisión se refiere también a la posibilidad de
asistencia por parte del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial para
financiar importaciones comerciales de alimentos.
El artículo 20 del
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) permite a los
gobiernos adoptar medidas que afecten al comercio con el fin de proteger la
salud y la vida de las personas y de los animales o preservar los vegetales, a
condición de que no sean discriminatorias ni se utilicen como un proteccionismo
encubierto. Hay además dos acuerdos específicos de la OMC que tratan de la
inocuidad de los alimentos, la sanidad de los animales y la preservación de los
vegetales, y de las normas sobre los productos en general. Ambos intentan
determinar los medios de satisfacer la necesidad de aplicar normas y, al mismo
tiempo, evitar el proteccionismo encubierto. Estas cuestiones están adquiriendo
más importancia a medida que se van suprimiendo los obstáculos arancelarios hay
quienes comparan esto a las rocas que aparecen en el mar cuando se retira la
marea. En ambos casos, si un país aplica normas internacionales, es menos
probable que sea impugnado jurídicamente que si establece sus propias normas.
Problema: ¿Cómo se
puede asegurar que los consumidores de un país reciben alimentos cuyo consumo
es inocuo — “inocuo” según las normas que cada país considera adecuadas? Y al
mismo tiempo, ¿cómo se puede asegurar que los reglamentos estrictos en materia de
salud y seguridad no se utilizan como excusa para proteger a los productores
nacionales?
En un acuerdo
destinado especialmente a las normas sobre inocuidad de los alimentos, sanidad
de los animales y preservación de los vegetales el Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas
Sanitarias y Fitosanitarias se establecen las normas fundamentales.
El Acuerdo autoriza a
los países a establecer sus propias normas. Sin embargo, también se estipula
que las reglamentaciones se deben basar en principios científicos. Sólo se
deben aplicar en la medida necesaria para proteger la salud y la vida de las
personas y de los animales o para preservar los vegetales. Además, no deben
discriminar de manera arbitraria o injustificable entre países en que
prevalezcan condiciones idénticas o similares.
Se alienta a los
países Miembros a que utilicen las normas, directrices y recomendaciones
internacionales, cuando existan. Si lo hacen, es poco probable que sean
impugnados jurídicamente en el marco de una diferencia sustanciada en la OMC.
No obstante, los Miembros pueden aplicar normas más rigurosas si existe una
justificación científica. También pueden establecer normas más rigurosas que se
basen en una evaluación apropiada de los riesgos, siempre que el criterio sea
coherente y no arbitrario. Y pueden aplicar en cierta medida el “principio de
precaución”, un enfoque en el que se da la máxima prioridad a la seguridad
frente a la incertidumbre científica. En el párrafo 7 del artículo 5 del
Acuerdo MSF se autoriza la adopción temporal de medidas “precautorias”.
El Acuerdo autoriza
asimismo a los países a utilizar normas y métodos diferentes para la inspección
de los productos. Siendo así, ¿cómo puede un país exportador estar seguro de
que las prácticas que aplica a sus productos son aceptables en un país
importador? Si un país exportador puede demostrar que las medidas que aplica a
sus exportaciones logran el mismo nivel de protección sanitaria que las del
país importador, se espera que el país importador acepte las normas y métodos del
país exportador.
El Acuerdo contiene
disposiciones en materia de procedimientos de control, inspección y aprobación.
Los gobiernos deben publicar avisos previos de los reglamentos sanitarios y
fitosanitarios nuevos o de las modificaciones de los ya existentes, y
establecer un servicio encargado de facilitar información. El Acuerdo complementa
el relativo a los obstáculos técnicos al comercio.
1.1.5.- Reglamentos
técnicos y normas.
Los reglamentos
técnicos y las normas industriales son importantes, pero varían de un país a
otro. Tener demasiadas normas diferentes hace la vida difícil a los productores
y los exportadores. Las normas pueden convertirse en obstáculos para el
comercio. Sin embargo, también son necesarias por una diversidad de razones,
desde la protección ambiental, pasando por la seguridad personal y la seguridad
nacional, hasta la información al consumidor. Y pueden ayudar al comercio. Por
lo tanto, se plantea una vez más la misma pregunta básica: ¿cómo asegurar que
las normas sean realmente útiles, y no arbitrarias o una excusa para el
proteccionismo?
El Acuerdo sobre
Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC) trata de asegurar que los
reglamentos, las normas y los procedimientos de prueba y certificación no creen
obstáculos innecesarios.
Sin embargo, en el
Acuerdo se reconoce también el derecho de los países a adoptar las normas que
consideren apropiadas; por ejemplo, para la protección de la salud y la vida de
las personas y de los animales o la preservación de los vegetales, para la
protección del medio ambiente o en defensa de otros intereses de los
consumidores. Por otra parte, no se impide a los Miembros adoptar las medidas
necesarias para hacer cumplir sus normas. Pero existe un marco de principios
que aportan contrapeso. Una miríada de reglamentos puede ser una pesadilla para
los fabricantes y exportadores. La vida sería más fácil si los gobiernos
aplicaran normas internacionales, y el Acuerdo los alienta a que así lo hagan.
De cualquier modo, sean cuales fueren los reglamentos que utilicen, no han de
ser discriminatorios.
El Acuerdo también
contiene un código de buena conducta por el que se rigen los órganos
gubernamentales, no gubernamentales o industriales para la preparación,
adopción y aplicación de normas voluntarias. Son más de 200 los órganos de
normalización que aplican el código.
El Acuerdo estipula
que los procedimientos utilizados para decidir si un producto está en
conformidad con las normas pertinentes tienen que ser justos y equitativos. Se
desaconseja la utilización de métodos que den a los bienes de producción
nacional una ventaja injusta. El Acuerdo fomenta también el reconocimiento
mutuo entre los países de los procedimientos de evaluación de la conformidad.
Sin ese reconocimiento, tal vez habría que duplicar las pruebas de las
mercancías, llevándolas a cabo primero en el país exportador y luego en el país
importador.
Los fabricantes y los
exportadores necesitan saber cuáles son las normas que se aplican en sus
posibles mercados. Para contribuir a que esa información se facilite de manera
conveniente, se exige a todos los gobiernos Miembros de la OMC que establezcan
servicios nacionales de información y se mantengan mutuamente informados por
conducto de la OMC — alrededor de 900 reglamentos nuevos o modificados se notifican
cada año. El Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio es el principal centro
de intercambio de información para los Miembros y también el foro principal
para el examen de las inquietudes relacionadas con los reglamentos y su
aplicación.
1.2.-
El Fondo Monetario Internacional (FMI)
http://www.imf.org/external/spanish/index.htm
El Fondo Monetario
Internacional se creó el 27 de Diciembre de 1945 junto con el Banco Mundial a
raíz de la conferencia de Bretton Woods
(1944) en la que representantes de 45 países firmaron su Carta Constituyente,
obligándose con la firma a cumplir unas determinadas reglas, que aparecen
reflejadas en el artículo I del Convenio Constitutivo:
·
Fomentar
la cooperación monetaria internacional.
·
Facilitar
la expansión y el crecimiento equilibrado del comercio internacional.
·
Fomentar
la estabilidad cambiaria.
·
Colaborar
a establecer un sistema multilateral de pagos.
·
Poner
a disposición de los países miembros con dificultades de balanzas de pago, con
las garantías adecuadas, los recursos de la institución.
Todo ello con el fin
de promover a una economía mundial sólida. Comenzó sus actividades financieras
el 1 de Marzo de 1947. Tiene su sede en la ciudad de Washington, el número de países
miembros es de 188; cuenta con aproximadamente 2.610 funcionarios procedentes
de 154 países, a fecha 12 de marzo de 2012
los fondos que manejaba de cuotas era de $365.000 millones de dólares de
los Estados Unidos y unos recursos adicionales prometidos o comprometidos en la
misma fecha de $600.000 millones de dólares. Los prestamos comprometidos al 12
de marzo de 20122 era de $254.000 millones de dólares; los principales
prestatarios en la misma fecha eran Grecia, Portugal e Irlanda; los principales
préstamos de carácter precautorio son México, Polonia y Colombia.
El FMI rinde cuentas
a los gobiernos de los países miembros. La autoridad máxima es la Junta de
Gobernadores, que está formada por un gobernador y un gobernador suplente por
cada país miembro, que suelen ser ministros de Hacienda, gobernadores de bancos
centrales o ministros de Desarrollo. La Junta de Gobernadores se reúne una vez
al año en ocasión de las Reuniones Anuales del FMI y del Banco Mundial. Los 24
gobernadores que conforman el Comité Monetario y Financiero Internacional
(CMFI) se reúnen generalmente dos veces por año. Las operaciones cotidianas del
FMI se realizan en la sede del organismo en Washington y están a cargo del
Directorio Ejecutivo, que tiene 24 miembros; esta labor es orientada por el
CMFI y respaldada por el personal profesional del FMI. El Director Gerente es
el jefe del personal del FMI y el Presidente del Directorio Ejecutivo, y cuenta
con la asistencia de tres subdirectores gerentes.
La Junta de
Gobernadores ha delegado la mayor parte de sus facultades en el Directorio
Ejecutivo, no obstante se reserva el
derecho de aprobar aumentos de cuotas, asignaciones especiales de derechos de
giro (DEG), la admisión de nuevos miembros, la separación obligatoria de
miembros, y enmiendas del Convenio Constitutivo y los Estatutos. La Junta de
Gobernadores también elige o nombra a directores ejecutivos y es la autoridad
máxima en cuestiones relacionadas con la interpretación del Convenio
Constitutivo del FMI. La votación de la Junta de Gobernadores puede realizarse
mediante la celebración de una reunión o a distancia (a través de servicios de
mensajería, correo electrónico, fax o el sistema de votación cifrado de la
extranet del FMI).
El Directorio
Ejecutivo analiza todos los aspectos de la labor del FMI, desde las
evaluaciones anuales de la situación económica de los países miembros
realizadas por el personal técnico del FMI hasta cuestiones de política
económica que revisten importancia para la economía mundial. El Directorio suele
adoptar decisiones por consenso, pero a veces se llevan a cabo votaciones
formales. Al término de la mayor parte de las deliberaciones formales, el
Directorio publica un documento denominado Exposición sumaria, en la que se
resumen sus opiniones. Pueden celebrarse deliberaciones informales para
examinar cuestiones de política económica complejas en una etapa preliminar.
El Director Gerente
del FMI es el Presidente del Directorio Ejecutivo y el Jefe del personal
técnico del FMI. Cuenta con la asistencia de cuatro subdirectores gerentes. El
Director Gerente es nombrado por el Directorio Ejecutivo por un mandato
renovable de cinco años. Los gobernadores y los directores ejecutivos del FMI
pueden proponer a ciudadanos de
cualquiera de los países miembros del FMI. Si bien el Directorio Ejecutivo
puede elegir un Director Gerente por mayoría de votos, en el pasado el
Directorio Ejecutivo ha elegido al Director Gerente por consenso.
Para ser eficaz y
legítimo, el FMI debe ser considerado como un organismo que representa los
intereses de todos sus 188 países miembros. Desde 2006 se está realizando una
reforma de la estructura de gobierno para responder a los cambios fundamentales
que han tenido lugar en la economía mundial a lo largo de los últimos tiempos.
El principal cambio ha sido la nueva redistribución de las cuotas y el número
de votos de los miembros, así como el aumento de la representación de los
países de bajo ingreso.
A diferencia de la
Asamblea General de las Naciones Unidas, donde cada país tiene un voto, el
proceso de toma de decisiones en el FMI se creó expresamente para reflejar la
posición de cada país miembro en la economía mundial. Las reformas actuales
tienen por objeto reflejar el papel más preponderante que desempeñan actualmente
las economías de mercados emergentes y los países en desarrollo en la economía
mundial.
Las funciones del FMI
son:
·
Promover
la cooperación monetaria internacional (y de este modo evitar en los posible
las crisis económicas) a través de una institución permanente que proporcionara
un mecanismo de consulta y colaboración en materia de problemas monetarios. El
FMI ofrece dialogo y asesoramiento periódicos en materia de políticas a sus
países miembros con el fin de que realicen políticas económicas sólidas. El FMI
y las autoridades examinan las políticas del país y determinan si éstas son
congruentes con la estabilidad interna y externa, incluyendo un crecimiento
sostenible, y el FMI hace recomendaciones en caso de que considere que es
recomendable hacer ajustes. Los países miembros tienen la opción de publicar la
evaluación del FMI, y la gran mayoría de ellos opta por la transparencia,
poniendo a disposición del público amplia información sobre la supervisión
bilateral. Además, el FMI combina información obtenida a través de distintas
consultas para formular evaluaciones de la evolución y las perspectivas
económicas mundiales y regionales. Para visionar estas perspectivas es
conveniente revisar sus publicaciones WORLD ECONOMIC OUTLOOK http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2010/01/
y el informe sobre la
estabilidad financiera mundial GLOBAL FINANCIAL STABILITY http://www.imf.org/external/pubs/ft/gfsr/ .El FMI ofrece asistencia
técnica y capacitación (generalmente, sin cargo alguno) a fin de ayudar a los
países a fortalecer su capacidad para elaborar y poner en práctica políticas
eficaces. La asistencia técnica brindada abarca varios ámbitos: política
fiscal, política monetaria y cambiaria, supervisión y regulación del sistema
bancario y financiero, y estadísticas.
·
Facilitar
la expansión y el crecimiento equilibrado del comercio internacional y la
estabilidad económica mundial (y de este modo, evitar las crisis económicas)
alentando a los países para que adopten políticas económicas sólidas.
Contribuyendo con ello a promover y mantener altos niveles de ocupación e
ingresos reales y a desarrollar los recursos productivos de todos los países
asociados como objetivos primordiales de política económica.
·
Velar
la estabilidad monetaria y financiero
internacional, asegurando que las relaciones cambiarias entre sus miembros sean
ordenadas y evitar las depreciaciones con fines de competencia. Es una de las
razones fundamentales por las cuales se creó esta institución para permitir un
comercio entre particulares y entre países con unos cambios establecidos.
·
Facilitar
el establecimiento de un sistema multilateral de pagos para las operaciones en
cuenta corriente efectuadas entre los países y a eliminar las restricciones
cambiarias que pudieran estorbar el crecimiento del comercio mundial.
·
Infundir
confianza a los países miembros al poner a su disposición los recursos del
Fondo en condiciones que los protegieran, dándoles así la oportunidad de
corregir los desajustes de sus balanzas de pagos sin recurrir a medidas que
pudieran destruir la prosperidad nacional e internacional.
· Como
consecuencia de la función anterior, reducir, la duración y la intensidad del
desequilibrio de las balanzas de pago internacionales.
·
En
el caso de los países miembros que tienen problemas para financiar su balanza
de pagos, el FMI también funciona como un fondo al que puede recurrirse para
facilitar la recuperación. La asistencia financiera se otorga con el fin de dar
a los países miembros margen de maniobra para corregir sus problemas de balanza
de pagos. Las autoridades nacionales, en estrecha colaboración con el FMI,
formulan un programa de políticas respaldado con financiamiento del FMI, y la
continuidad del financiamiento está sujeta a la implementación exitosa de este
programa.
· El
FMI realiza también (de manera independiente y en colaboración con el Banco
Mundial y otras organizaciones) una intensa labor destinada a reducir la
pobreza en países de todo el mundo. El FMI brinda asistencia financiera en
virtud de sus servicios para préstamos en condiciones concesionarias: el
Servicio para el Crecimiento y la Lucha contra la Pobreza (SCLP) y el Servicio
para Shocks Exógenos , y alivio de la deuda a través de la Iniciativa para los
Países Pobres muy Endeudados (PPME) y la Iniciativa Multilateral para el Alivio
de la Deuda. En la mayoría de los países de bajo ingreso, esta labor de
asistencia está fundamentada en los documentos de estrategia de lucha contra la
pobreza (DELP). Estos documentos son preparados por las autoridades de los
países —en consulta con la sociedad civil y sus socios externos en el
desarrollo— con el fin de describir un marco de política económica, estructural
y social de gran alcance para fomentar el crecimiento y reducir la pobreza en
el país.
La financiación del
FMI se realiza los países miembros, principalmente mediante las cuotas que
aportan en función de la riqueza de cada país y de su situación económica que
son revisadas cada cinco años (Estados Unidos aporta aproximadamente el 18% de
los fondos y dispone del 16,7% de los votos y con derecho a veto de las
decisiones económicas votadas). Estas cuotas abonadas por los miembros
proporciona una bolsa de dinero (Fondo) de la cual el FMI puede disponer para
prestar (no donar) dinero a los miembros con dificultades financieras, estas
cuotas también sirven para cuantificar la cantidad de dinero que a un país se
le puede prestar, así cuanto más se aporte más cantidad de dinero se puede
pedir al FMI en momentos de necesidad. También el FMI se financia con la solicitud
de préstamos en los mercados de capitales a bajo interés debido a su solida
posición financiera.
A veces surgen
problemas de balanza de pagos de los países —que pueden, en el peor de los
casos, desembocar en una crisis— aunque se hayan adoptado sólidas medidas
preventivas. El FMI ayuda a los países a restablecer la estabilidad económica
colaborando en el diseño de programas de medidas correctivas y concediendo
préstamos para apoyar sus esfuerzos. Dado que, a veces, parte del problema está
en la carga insostenible de deuda que acarrea el país, el FMI también ha venido
alentando a los países deudores, y a sus acreedores, para que adopten medidas
orientadas a facilitar un proceso de reestructuración de la deuda más
armonioso.
La mala suerte, la
falta de políticas apropiadas o una combinación de ambos factores pueden hacer
que un país tenga problemas de balanza de pagos, es decir, se encuentre en una
situación en la que no puede obtener suficiente financiamiento en condiciones
asequibles para hacer frente a sus obligaciones de pagos internacionales. En el
peor de los casos, esas dificultades pueden precipitar una crisis. El país
puede verse obligado a depreciar rápidamente su moneda, con lo cual aumentará
el costo de los bienes y el capital internacional, y la economía nacional
podría sufrir graves perturbaciones. Estos problemas también pueden propagarse
a otros países.
Las causas de esas
dificultades suelen ser variadas y complejas pero, entre otros factores, cabe
destacar la debilidad de los sistemas financieros, los déficit fiscales grandes
y persistentes, los altos niveles de deuda externa o pública (o ambas), los
tipos de cambio fijos a niveles inadecuados, los desastres naturales o los
conflictos armados. Algunos de estos factores pueden tener un efecto directo en
la balanza comercial de un país, reduciendo las exportaciones o aumentando las
importaciones, mientras que otros pueden reducir el financiamiento disponible
para las transacciones internacionales; por ejemplo, los inversionistas pueden
perder la confianza en las perspectivas de un país, provocando ventas masivas
de activos o una "fuga de capitales". En cualquier caso, los vínculos
que existen entre los distintos sectores de la economía dificultan el
diagnóstico de la crisis y la adopción de medidas para combatirla. Los
desequilibrios en un sector se pueden propagar rápidamente a otros sectores,
provocando perturbaciones económicas.
Los préstamos del FMI
tienen por objeto dar a los países un respiro para que puedan implementar
políticas de ajuste y reformas que restablecerán las condiciones necesarias
para promover un crecimiento vigoroso y sostenible, el empleo y la inversión
social. Estas políticas variarán según las circunstancias de cada país,
incluidas las causas de los problemas. Por ejemplo, un país que enfrenta una
caída súbita del precio de un producto clave de exportación quizá necesite
simplemente asistencia financiera para capear el temporal hasta que se
recuperen los precios y para ayudar a atenuar el dolor de lo que, en otras
circunstancias, sería un ajuste brusco y radical. Un país que registra una fuga
de capitales tendrá que hacer frente a los problemas que provocaron la pérdida
de confianza de los inversionistas: quizá las tasas de interés sean demasiado
bajas, o el país registre un abultado déficit presupuestario y un volumen de
deuda que crece demasiado rápido, o el sistema bancario nacional es ineficiente
y no está suficientemente regulado.
Para que un país
miembro pueda recibir un préstamo, las autoridades nacionales y el FMI han de
ponerse de acuerdo con respecto a un programa de políticas económicas. Los
compromisos asumidos por un país en el sentido de adoptar determinadas medidas
de política son un elemento esencial de los préstamos del FMI y tienen por
objeto garantizar que los recursos se utilicen para resolver los problemas de
balanza de pagos. También ayudan a restablecer u obtener acceso al apoyo de
otros acreedores y donantes. Cuando el país sanea su situación económica y
financiera puede reembolsar los préstamos al FMI, permitiendo que otros países
miembros puedan utilizar esos fondos.
Los programas de
préstamo del FMI se ajustan a la medida de las circunstancias específicas de
cada país miembro. En los últimos años, el mayor número de préstamos se ha
otorgado a través del Servicio para el Crecimiento y la Lucha contra la Pobreza
(SCLP), que proporciona fondos a tasas de interés concesionarias a los países
de bajo ingreso para ayudarlos a resolver problemas persistentes de balanza de
pagos. Sin embargo, el mayor volumen de recursos se otorga a través de acuerdos
de derecho de giro, en virtud de los cuales se cobran tasas de interés basadas
en el mercado por los préstamos que se conceden para ayudar a resolver
problemas a corto plazo de balanza de pagos. El FMI otorga también préstamos en
condiciones concesionarias en el marco del servicio financiero para hacer
frente a los shocks, que tiene como fin satisfacer las necesidades temporales
de los países de bajo ingreso suscitadas por las perturbaciones externas, y la
asistencia de emergencia para los países que han sufrido un desastre natural o
están saliendo de un conflicto armado.
La globalización ha
producido un enorme aumento de los flujos de capital privado en relación con
los flujos oficiales y las cuotas del FMI, si bien en forma dispar. Actualmente
muchos países de mercados emergentes enfrentan la necesidad insatisfecha de
contar con un resguardo ante los efectos de esos flujos de capital cuantiosos y
volátiles. En el marco de su Estrategia de Mediano Plazo, el FMI reevaluará los
instrumentos que utiliza para contribuir a prevenir las crisis y responder a
ellas, a fin de seguir satisfaciendo las necesidades de los países de mercados
emergentes. Los países de bajo ingreso tienen necesidades diversas. Algunos
requieren alivio de la deuda y otros, financiamiento concesionario. A su vez,
algunos ya no necesitan financiamiento, pero sí las garantías que les brindan
el respaldo de sus políticas y la función señalizador del FMI.
La forma habitual en
la que los países miembros obtienen financiación del FMI es mediante la compra
de las divisas que necesiten, que son pagadas con la moneda nacional. Esas
operaciones se contemplan con un pacto de reventa, es decir, pasado un tiempo
determinado, el país en cuestión tendrá que devolver las divisas y retirar su
moneda. Los tipos de interés son nulos o muy bajos, pero el país tiene que
demostrar que está realizando una política equilibradora de su balanza de
pagos. Cuanto mayor sea el crédito, mayor control y más estrictas condiciones impondrá
el FMI. La unidad de medida de los créditos para cada país es su cuota, que es
dividida en tramos (o segmentos). Cuando el importe solicitado es del 25% de la
cuota, las condiciones son muy sencillas. Cada tramo adicional (cada 25%
adicional) que se solicite, implicará una mayor supervisión por el FMI de la
política económica del país.
Uno de los
principales objetivos del FMI en el momento de su constitución fue la creación
de un sistema internacional de cambios, que hasta la fecha de la creación del
fondo dificultaba el comercio internacional y la estabilidad económica con
continuas devaluaciones monetarias. Este sistema duró 25 años en el cual tuvo
que ser adaptado para adecuarse al incremento de volumen del comercio mundial
con sus correspondientes necesidades de liquidez y tuvo que adaptarse a los
nuevos tiempos.
En los años sesenta,
las necesidades mundiales de liquidez condujeron a la creación de los Derechos
Especiales de Giro (DEG), en inglés Special Drawing Right (SDR). Los DEG es una
forma especial de dinero creada por el FMI en 1969 que los países pueden
utilizar como divisa se reserva y para pagos internacionales. Actualmente hay
21.4 billones de DEG. Desde enero del 2001, el valor de un DEG es una media
ponderada de las cuatro divisas más fuetes: Dólar americano (45%), Euro (29%),
Yen (15%) y Libra esterlina (11%).
Los cambios que se
han producido en la escena mundial en la década de los 90, han modificado
profundamente la forma de actuar el FMI. El abandono de la economía planificada
de un gran número de países y su
transformación al sistema de economía de mercado fue apoyado por el FMI no sólo
financieramente sino también mediante el asesoramiento para la constitución de
instituciones (Bancos centrales, sistemas impositivos, mercados de divisas,
sistemas aduaneros) imprescindibles para el funcionamiento del sistema
económico. El FMI colabora también con el Banco Mundial en el apoyo a los
países en desarrollo y a los países más pobres, severamente endeudados.
En los últimos años
se han producido algunas fuertes conmociones financieras con efectos
desestabilizadores sobre el comercio mundial. A comienzos de 1995 México tuvo
que implementar un paquete de medidas de ajuste financiero que fueron aprobadas
por el FMI y apoyadas mediante un préstamo de 17.8 billones de dólares, la
mayor cantidad prestada hasta entonces a un país miembro. A finales de 1997 se
produjo la crisis del sudeste asiático que requirió una atención especial y
préstamos a Corea (20.9 billones, nuevo record), Indonesia y Tailandia. Después
siguieron las crisis de Rusia en 1998, de Brasil en 1999, de Turquía en el 2000
y de Argentina a finales del 2001. La ultima y tal vez más fuerte, la cual
todavía está por evaluar en la zona euro y principalmente en Grecia, Irlanda y
Portugal que el FMI ha tenido que intervenir de forma muy activa para salvar el
sistema financiero y económico de estos países.
1.3.- El Grupo Banco Mundial (BM) http://www.bancomundial.org/
El
Banco Mundial (BM) o en inglés “World
Bank” fue creado junto con el FMI en 1944 y con Sede permanente en
Washington, teniendo la función principal de ser uno de los organismos
especializados en asistir
financieramente y técnicamente a los países llamados en desarrollo. Más que una
institución es un grupo de instituciones multilaterales formada por:
· Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF). http://web.worldbank.org
·
Asociación Internacional de Fomento (AIF). http://www.bancomundial.org/aif/
·
La Corporación Financiera Internacional (IFC). http://www.ifc.org/spanish
· El Organismo de Garantía de Inversiones (MIGA). http://web.worldbank.org/
· Centro Internacional de Arreglo de Diferencia Relativas a Inversiones
(CIADI). http://icsid.worldbank.org/ICSID/Index.jsp
El Banco Mundial se
formo con el propósito primero de reconstruir la Europa de postguerra (creación
del BIRF) y posteriormente se amplió a reducir la pobreza en el mundo mediante
préstamos de bajo interés, créditos sin intereses a nivel bancario y apoyos
económicos a las naciones en desarrollo en colaboración con la Asociación
Internacional de Fomento (AIF), la primera se dedica a los países en vías de
desarrollo y la segunda a las naciones más necesitadas. Antes el personal del Banco consistía en un
grupo homogéneo de ingenieros y analistas financieros que trabajaban
exclusivamente en la ciudad de Washington. Hoy en día, y debido a la cada vez
más compleja funcionalidad y acciones realizadas, es un personal variado y
multidisciplinario que incluye economistas, especialistas en políticas públicas
y en ciencias sociales, y expertos en diversos sectores; de ellos, el 30%
trabaja en oficinas distintas a la central a lo largo del mundo.
El Banco Mundial funciona como una
cooperativa en la que sus países miembros (187) son accionistas. Estos
accionistas están representados en una Junta de Gobernadores en donde cada
estado tiene un Gobernador, que constituyen los verdaderos encargados de
formular las políticas en el seno del Banco. Habitualmente, los Gobernadores
son los ministros de hacienda o de desarrollo de los países miembros. Se reúnen
una vez al año en las Reuniones Anuales de las Juntas de Gobernadores del Grupo
del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (o cuando al menos dos
tercios de los votos totales lo requieren). Dentro de las funciones de la Junta
de Gobernadores se encuentra admitir o suspender a países miembros, hacer
autorizaciones financieras y presupuestos, así como determinar la distribución
de los ingresos del BIRF. La Junta de Gobernadores delega la responsabilidad de
proyectos y decisiones a los Directores Ejecutivos con excepción de: admitir
nuevos miembros, aumentar o disminuir el capital por acciones del Banco y
determinar la distribución de las entradas netas al Banco.
Los Directores Ejecutivos tienen como función
principal desarrollar los proyectos y llevar a cabo la operación y conducción
del Banco. El Directorio está constituido por 12 directores ejecutivos
titulares y 12 suplentes (estos últimos participan en la toma de decisiones,
pero no tienen derecho a voto), su elección se da cada dos años. A partir del 1
de noviembre de 2010, se incrementó el número de directores a 25. Los cinco
miembros con el mayor número de acciones (Estados Unidos, Japón, Alemania
Francia y Reino Unido) designan a cinco directores ejecutivos. Los demás son
nombrados por los otros miembros. La distribución del derecho a voto varía de
un organismo a otro dentro del grupo del Banco Mundial.
El presidente del BM es elegido por la
Junta de Gobernadores, y preside al Directorio Ejecutivo, pero sin derecho a
voto. Dentro de sus funciones se encuentra conducir los negocios, organizar,
nombrar y destituir a los funcionarios y empleados del Banco, jugando un papel
de jefe de personal. Dentro de la
estructura del Banco se encuentra el Consejo Consultivo integrado por un mínimo
de siete personas nombradas por la Junta de Gobernadores. A este se integran
intereses bancarios, comerciales, industriales, agrícolas y del trabajo con el
fin de asesorar al Banco en asuntos de política general. Estos consejeros
mantienen el cargo durante dos años con derecho a reelección.
Todos los elementos del Grupo del Banco
Mundial son propiedad de los países miembros. Cuando un país se incorpora al
Banco garantiza una suscripción de capital, pagando sólo un pequeño porcentaje
de dicha garantía. El resto del dinero es pagadero a la vista y sirve de
garantía blindada, es decir, asegura el pago de la deuda. La suscripción de
capital asignada es proporcional a la riqueza del país. Los miembros del Banco
se dividen en dos categorías, países desarrollados (Parte I), y países
prestatarios (Parte II), según los estándares de la AIF.
La mayoría de los fondos del Banco
disponibles para préstamos no proceden de las suscripciones de capital. El
dinero proviene de las ventas de sus propios bonos en los mercados financieros
mundiales. Después carga a sus prestatarios un tipo de interés ligeramente
superior al que debe pagar a sus propios accionistas. Los bonos del Banco al
estar garantizados en última instancia por los gobiernos del mundo, se
consideran como inversiones notablemente sólidas. Los inversionistas privados e
institucionales tienen acceso a la compra de estos bonos.
Las suscripciones de capital, son
proporcionales a la riqueza de cada país (contabilizados periodos de cinco
años) determinando el número de votos de cada uno de estos: por ejemplo, EE.UU
controla el 16.38% de los votos; Japón el 7.86%, Alemania 4.48%, Francia 4.30%,
Italia 2.78%, Gran Bretaña el 4.30%, Italia el 2,78%, Rusia el 2,78%, Canadá el
2,78%, Brasil el 2,07% y España el 1,74%; quedando el otro 58,36 para el resto
de países del mundo, de los cuales los 24 estados africanos controlan todos
juntos sólo el 2,85% del total.
Cada institución que forma el grupo
Banco Mundial tiene una función diferente en la misión de luchar contra la
pobreza y mejorar el nivel de vida de los habitantes del mundo en desarrollo.
La expresión “Grupo del Banco Mundial” abarca las cinco instituciones, mientras
que “Banco Mundial” se refiere específicamente a dos de ellas, el BIRF y la
AIF.
·
El Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
BIRF. (en inglés International Bank
for Reconstruction and Development o IBRD) Nació como una organización
internacional cuya misión original era financiar la reconstrucción de los
países devastados por la Segunda Guerra Mundial. El BIRF entró en
funcionamiento en 1945, luego de la ratificación internacional de los acuerdos
alcanzados en la Conferencia Monetaria y Financiera de las Naciones Unidas, en
Bretton Woods, Nueva Hampshire, Estados Unidos. El objetivo del BIRF es reducir
la pobreza en los países de ingreso mediano y en los países más pobres que tienen
capacidad crediticia, promoviendo el desarrollo sostenible mediante préstamos,
garantías y otros servicios no crediticios, como de análisis y asesoría. El
BIRF proporciona préstamos a los gobiernos, y las empresas públicas, siempre
con una garantía gubernamental (o "soberana") de reembolso.
Los fondos para estos préstamos provienen
principalmente de bonos emitidos por el Banco Mundial en los mercados de
capitales globales -habitualmente US$12 a 15 billones por año-. Estos bonos son
clasificados como AAA (la más alta calificación posible), porque son
respaldados por el capital de parte de los Estados miembros, así como por las
garantías soberanas de los prestatarios. Además, los préstamos que son pagados
se reciclan.
Debido a la clasificación de crédito del BIRF, éste
puede pedir prestado a tasas de interés relativamente bajas. Como la mayoría de
los países en vías de desarrollo tienen malas calificaciones de crédito, el
BIRF puede prestar a los países a tipos de interés que son generalmente muchos más
atractivos para ellos, incluso después de agregar un pequeño margen (cerca de
1%) para cubrir los gastos administrativos.
El BIRF no busca maximizar sus utilidades, pero ha
obtenido ingresos netos todos los años desde 1948. Con sus utilidades se financian
distintas actividades de desarrollo y se asegura la solidez financiera de la
institución, lo que le permite obtener empréstitos a bajo costo en los mercados
de capital y ofrecer condiciones favorables para los prestatarios. El BIRF es
de propiedad de los países miembros y los derechos de voto de éstos guardan
relación con sus suscripciones al capital de la institución, las que a su vez
se basan en la solidez económica relativa de cada país.
·
La Asociación Internacional de Fomento. Creada en 1956, las aportaciones a la AIF permiten
que el Banco Mundial proporcione entre USD 6.000 millones y USD 7.000 millones
anuales en créditos sin intereses a los 78 países más pobres del mundo, donde
viven 2.400 millones de personas. Dicho apoyo es crucial puesto que estos
países no pueden obtener financiamiento en condiciones de mercado, o pueden
obtener muy poco. En la mayoría de estas naciones, el ingreso medio anual per
cápita es inferior a USD 500 y muchas personas sobreviven con mucho menos. La
AIF ayuda a proporcionar acceso a mejores servicios básicos (como educación,
atención de la salud y agua potable y saneamiento) y apoya las reformas e
inversiones destinadas a aumentar la productividad y a crear puestos de
trabajo.
·
La Corporación Financiera Internacional. Nació en 1956. La misión de la CFI es promover el
desarrollo económico a través del sector privado. Con socios comerciales,
invierte en empresas privadas sostenibles en los países en desarrollo y
proporciona préstamos a largo plazo, garantías y servicios de gestión de
riesgos y de asesoría a sus clientes. La CFI realiza inversiones en proyectos
en regiones y sectores que reciben insuficientes inversiones de fuentes
privadas. Procura hallar nuevos medios para aprovechar oportunidades
prometedoras en mercados que a juicio de los inversionistas comerciales son
demasiado riesgosos si no participa la Corporación.
·
El Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones. inglés Multilateral
Investment Guarantee Agency, MIGA), creado en 1988 y compuesto por 171
países El OMGI contribuye a promover la inversión extranjera en los países en
desarrollo proporcionando garantías a los inversionistas extranjeros contra
pérdidas ocasionadas por riesgos no comerciales, como expropiación,
inconvertibilidad de monedas, transferencias cambiarias y restricciones a las
transferencias, y guerras y disturbios civiles. Además, el OMGI presta
asistencia técnica para ayudar a los países a difundir información sobre
oportunidades de inversión. El Organismo también ofrece, a petición de las partes,
servicios de mediación en diferencias relativas a inversiones.
·
El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias
Relativas a Inversiones CIADI. El
CIADI contribuye a dotar a la comunidad internacional de una herramienta capaza
promover la inversión extranjera al proporcionar servicios internacionales de
conciliación y arbitraje de diferencias relativas a inversiones, y de este modo
ayuda a promover un clima de confianza mutua entre los países y los
inversionistas extranjeros. En muchos acuerdos internacionales relativos a
inversiones se han previsto los servicios de arbitraje del Centro. El CIADI
también lleva a cabo actividades de investigación y compila publicaciones
relativas a legislación sobre arbitraje e inversión extranjera.
Este centro se creó como consecuencia del Convenio
sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales
de Otros Estados que entró en vigor en 1966. Entre sus funciones se establece
que el Centro facilitará la sumisión de las diferencias relativas a inversiones
entre Estados Contratantes y nacionales de Otros Estados Contratantes, a un
procedimiento de conciliación y arbitraje. Adicionalmente, el CIADI realiza
estudios académicos sobre legislación de arbitraje y elabora publicaciones
sobre el arreglo de diferencias respecto de las inversiones internacionales.
Es un componente casi desconocido del Grupo del Banco
Mundial. Sin embargo, las decisiones que adoptan los tribunales del CIADI están
cambiando el curso de las relaciones económicas mundiales ya que otorga a las
compañías multinacionales potestades para demandar a los gobiernos si estos
imponen leyes o reglamentaciones a nivel nacional que tienen un efecto negativo
significativo sobre las ganancias de las compañías. En el derecho
internacional, los inversionistas extranjeros no estaban jurídicamente
habilitados ni contaban con instrumentos de acción directa contra un gobierno
cuando consideraban que sus inversiones eran afectadas negativamente por la
acción gubernamental. En sus primeros 30 años de existencia se mantuvo
prácticamente inactivo; su primer caso se dio cuando la Holiday Inns
Corporation solicitó arbitraje en un litigio con el gobierno marroquí. En los
25 años siguientes sólo se presentaron unos pocos casos. Hoy hay más de 100
casos pendientes de resolución, con reclamos de indemnización de inversionistas
contra gobiernos que se estima ascienden en total a más de US$ 35.000 millones.
Dos tercios de todos los casos inversionista-estado conocidos se presentaron a
partir de 2002. Y casi un tercio de los que estaban pendientes a fines de 2011
(49 de 152) son demandas contra un único país: Argentina; Latinoamérica tiene
el 16% de las demandas (México, Brasil y Cuba no han pertenecido nunca a este
organismo), mientras que solamente Argentina tiene el 32% de los casos; el monto total de las
demandas contra Argentina se estima entre unos 13.000 y 20.000 millones de
dólares, equivalentes a cerca de 30 veces el presupuesto anual en salud de este
país y a un 6,5% de su PIB. Otros grandes protagonistas desafortunados por sus
denuncias son Venezuela y Bolivia.
Actualmente la Argentina tiene ante el CIADI 17 causas
en trámite sin laudo y 10 causas con laudo. De estas últimas, 4 causas han
laudado contra la Argentina, 3 de ellas se encuentran firmes y 1 posee un
recurso de nulidad en trámite. Las 6 restantes han sido en favor del Estado
Argentino, pero 2 de ellas fueron recurridos por las empresas demandantes
pudiendo éstas revertir el laudo inicial y volverlas a su favor. El monto total
de las demandas contra Argentina se estima entre unos US$ 13.000 y US$ 20.000
millones, equivalentes a cerca de 30 veces el presupuesto anual en salud de
este país, y a un 6,5% de su PIB.
Este organismo ha sido criticado duramente por los
países del denominado grupo ALBA en donde ya abandonaron el CIADI Bolivia
(2007) y Ecuador (2009), Venezuela anuncio oficialmente en enero de 2012 que en
julio de ese mismo año abandonará el CIADI y se estipula con que Argentina
también lo haga. Paradójicamente estos países que han denunciado a este
organismo son los que más demandas tienen y lo que más han perdido. El abandono
o denuncia de un Estado a un tratado se articula por la Convención de Viena
sobre derecho de los tratados (art. 56). Las críticas fundamentales que hacen
al CIADI se basan en que esos estados consideran que este organismo tiende a
beneficiar a las empresas.
Uno de los principales argumentos para sostener esto
es la base jurídica que el propio CIADI toma para la resolución de las demandas
que le son presentadas ante él: los tribunales arbitrales constituidos por el
CIADI solamente toman a los tratados bilaterales de protección de inversiones
(TBIs o BITs en inglés) y el Convenio de Washington de 1966, constitutivo de
éste organismo, para resolver las causas presentadas, dejando de lado toda otra
normativa existente sea ésta interna del Estado receptor de la inversión
(incluyendo las propias Constituciones Políticas de los Estados) o mismo la
normativa proveniente del Derecho Internacional Público (que incluye por
ejemplo, los Derechos Humanos). Ello no permite sopesar las argumentaciones de
ambas partes en torno a las afectaciones de las inversiones y las actividades
de las empresas demandantes sobre los derechos de los habitantes de las
poblaciones de los Estados demandados y que se encuentran afectados por la
actividad de estas empresas. Esta situación hace que, tanto los TBIs como los
capítulos de inversiones de los tratados de libre comercio (TLCs) -que muchas
veces emulan los contenidos de TBIs e incluso nombran al CIADI como organismo
al cual someterle controversias que pudieran despertarse entre los Estados
firmantes (tal era el caso del ALCA para las Américas, por ejemplo)- formen una
especie de "bloque jurídico" que se halla al margen de lo que es
considerado hoy Derecho Internacional Público o Privado, para pasar a ser una
especie de "nuevo derecho pro-empresarial" dedicado a dar garantías a
las inversiones extranjeras y sin un debido control de legalidad que contrapese
estos derechos con los de los habitantes afectados o el medio ambiente, lo cual
da al CIADI y a los acuerdos internacionales alusivos una vigencia de dudosa
legalidad y legitimidad.
Otro de los argumentos criticados radica en la
capacidad procesal activa no recíproca entre el ente público (el Estado
receptor de la inversión) y el ente privado (la empresa inversora): solamente
las demandas pueden ser planteadas desde la empresa contra el Estado y no
viceversa.
El CIADI forma tribunales arbitrales únicos, y por
tanto no hay una instancia superior a ese tribunal “ad hoc”. En consecuencia,
las decisiones del CIADI son inapelables e irrevisables, volviéndose en
obligatorias para los Estados. Para los países que han abandonado el CIADI
también son obligatorios basados en que los acuerdos del CIADI y los TBIs en su
mayoría poseen cláusulas de ultractividad. Estas clausulas hacen que, por más
que un Estado desee salirse de estos acuerdos, éstos funcionen durante un
período extra, generalmente, 10 años más. Esto ha causado situaciones extrañas
como ser que Bolivia, una vez retirada del CIADI el 2 de mayo de 2007 y ya no
siendo parte de este organismo, haya recibido no obstante una nueva demanda el
12 de octubre de ese mismo año por parte de la empresa transnacional italiana
Euro Telecom Internacional (ETI) ante el CIADI.
1.4.-
La OCDE. http://www.oecd.org/document/12/0,3343,es_36288966_36287974_36316364_1_1_1_1,00.html
La Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) es una organización
internacional intergubernamental que, en sus inicios, reunió a los países más industrializados con economía de mercado. Este organismo proporciona información a los gobiernos sobre temas de desarrollo, economía y política social. La OCDE compara experiencias, busca soluciones a problemas comunes y trabaja conjuntamente en la coordinación de políticas locales e internacionales coordinando las políticas económicas y sociales
internacional intergubernamental que, en sus inicios, reunió a los países más industrializados con economía de mercado. Este organismo proporciona información a los gobiernos sobre temas de desarrollo, economía y política social. La OCDE compara experiencias, busca soluciones a problemas comunes y trabaja conjuntamente en la coordinación de políticas locales e internacionales coordinando las políticas económicas y sociales
Fundada en 1961 por 20 países de los países más desarrollados del mundo, hoy cuenta con 34
países miembros, tiene su sede en París. Este Organismo Internacional tiene como principales objetivos:
· Impulsar el
mayor crecimiento posible de la economía y el empleo, elevar el nivel de vida
en los países miembros en condiciones de estabilidad financiera y contribuir al
desarrollo de la economía mundial.
· Promover el
desarrollo económico de los países miembros y no miembros.
· Impulsar la
expansión del comercio mundial sobre bases multilaterales y no discriminatorias
acordes con las normas internacionales.
Sus tres protocolos se firmaron
en Paris el 14 de diciembre de 1960. Sustentan su estrategia de crecimiento en
modelos de mercado, democracia y libre comercio.
Lo conforman Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Francia, Grecia, Irlanda, Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Suecia, Suiza, Turquía, Estados Unidos, Canadá, España, Japón, Finlandia, Australia, Nueva Zelanda, Republica Checa, Hungría, Polonia, Corea del Sur, Eslovaquia, Chile, Eslovenia, Israel, Estonia y México. La Unión Europea tiene status de País miembro, además del sillón que ocupan los miembros de la UE que pertenezcan a este foro. Estos países agrupan el 70% del comercio internacional y el 80% del PIB mundial.
En su relación con el comercio
internacional, la importancia de la OCDE estriba en las recomendaciones que
hace a sus asociados y que en la mayoría de los casos son llevadas a cabo por
todos ellos, por tanto es un foro de vital transcendencia ya que agrupa a las
principales económicas mundiales a excepción de China, Brasil y Rusia.
1.5.- Instituciones
financieras internacionales.
Son organizaciones internacionales de derecho público
internacional, según afecte a dos o más países, constituidas sobre la base de
la colaboración mutua entre los países que las conforman que puedan ser
bilaterales o multilaterales en calidad de donantes (los contribuyentes netos)
y beneficiarios (los receptores netos) de la cooperación internacional. Las IFI llevan a cabo su actuación con el
objetivo de aumentar las capacidades reales de los países socios (receptores)
en los que actúan mediante una programación anual o multianual de intervención.
Es sumamente importante no confundir estas instituciones con los ORGANISMOS
INTERNACIONALES NO FINANCIEROS, integrados en el sistema de las Naciones
Unidas.
Respetan siempre uno de los principios básicos de las relaciones
internacionales: la no injerencia en los asuntos internos del país beneficiario
de la política de cooperación internacional multidonante. Esto quiere decir que
todo proyecto de cooperación internacional financiado por una IFI implica la aceptación del país
receptor, previa definición de sus necesidades, y la aprobación de la línea de
financiación por parte de la IFI.
En términos generales, las IFI´s
se clasifican en varias categorías según el producto financiero que ofrezca:
1. BANCOS
COMERCIALES O TAMBIEN DENOMINADOS DE DESARROLLO: concede
créditos blandos y préstamos en condiciones más favorables a las de mercado a
los países de renta media con capacidad de devolución de las deuda pública
contraída (Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo de la Unión Europea www.ebrd.com,
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento del Grupo del Banco
Mundial www.bancomundial.org
2. BANCOS DE
DESARROLLO: otorga donaciones (subvenciones a fondo
perdido) a los países menos avanzados y más endeudados, o con los que dicha IFI
tenga contraídos compromisos de cooperación internacional
a.
nivel
regional: Banco Interamericano de Desarrollo www.iadb.org
b.
nivel
sub-regional: Banco Centroamericano de Integración Económica www.bcie.org
3. FONDOS
ESPECIALES:
actúan a través de
donaciones y créditos blandos, dirigidos a los países más pobres. Se financian
con cargo a las dotaciones aportadas por los países donantes (reposiciones,
períodos de tres años). También se financian con parte de los beneficios
obtenidos por los bancos de desarrollo.
4.
INSTITUCIONES
DEDICADAS AL DESARROLLO DEL SECTOR PRIVADO: A
diferencia de los bancos o fondos especiales (que prestan directamente a los
gobiernos o a proyectos con garantía pública), tienen como garantía principal
su propia rentabilidad. Los instrumentos que más utilizan son: créditos,
garantías y tomas de participación en el capital. Juegan un papel importante al
involucrar a inversores privados y a entidades financieras de los países
desarrollados en la financiación de proyectos de inversión privada. Las
principales “ventanillas privadas” de los bancos de desarrollo son Corporación Financiera Internacional (Banco
Mundial), Departamento de Operaciones del Sector Privado (PSOD) (Banco Asiático
de Desarrollo) y Corporación Interamericana de Inversiones (Banco
Interamericano de Desarrollo).
Los principales
organismos son los siguientes:
1.5.1.-
El Banco Africano de Desarrollo. (BAfD) http://www.afdb.org/en/
Es un banco multilateral de desarrollo
creado en 1964. 53 países africanos son miembros y está financiado por 24 países europeos, americanos
y asiáticos. Surgió
como resultado de la culminación del proceso de descolonización africano de los años 50 y
60 en un intento de dotar a África, de una institución multilateral de carácter exclusivamente
africano. Desde su creación hasta
1982 estuvo compuesto exclusivamente por países regionales, La insuficiencia de recursos para hacer
frente a las crecientes necesidades de sus países miembros, hizo necesaria la modificación del
Acuerdo Constitutivo para dar entrada
a los países no regionales.
El Banco es el encargado de promover el
desarrollo económico y el progreso social de los países africanos. Su sede está
situada temporalmente en Túnez desde 2003, después del los disturbios que se
generaron en Costa de Marfil por la tentativa de golpe de estado de 2002.
El Banco Africano de Desarrollo contabiliza
sus operaciones con una unidad de cuenta propia (UC). Está dotado de un capital
social autorizado de 250 millones de UC, dividido en 25.000 acciones de un
valor a la par de 10.000 unidades de cuenta por acción. El capital social
autorizado está dividido en capital desembolsado y capital no desembolsado,
correspondiendo a cada uno el 50% de capital social autorizado. Las
ampliaciones de capital se hacen manteniendo la africanidad del Banco, de forma
que la distribución de las acciones entre países regionales y no regionales
siempre mantengan la misma proporción: 2/3 del poder de voto total para los
países miembros africanos y el tercio restante para los países no regionales.
El Banco mantiene ciertas limitaciones en
sus operaciones ordinarias, respecto a su capital. Los préstamos se conceden
por un periodo máximo de veinte años con un periodo de carencia que está en
relación al periodo de realización del proyecto. El tipo de interés de las
operaciones ordinarias está en función del coste de obtención de los fondos por
el Banco. Los préstamos tienen una comisión del 1% y se reembolsan en la misma
moneda en que fueron concedidos o en la moneda o monedas convertibles que el
banco determine. El BAfD sólo financia parte del proyecto, el resto corre a
cargo del prestatario.
El Banco Africano de Desarrollo consta de
una Junta de Gobernadores, un Consejo de Administración, un Presidente y el
resto del personal propio para la gestión de la institución. El nuevo presidente del
Banco, desde el 21 de julio de 2005, es el ruandés Donald Kaberuka. Previamente
había sido ministro de Finanzas de Ruanda. La duración del cargo es de cinco
años, su predecesor en el cargo, Omar Kabbaj, dirigió el BAfD entre 1995 y
2005. La
máxima autoridad del BAfD es la Junta de Gobernadores, donde cada miembro está representado
por un Gobernador y un
Gobernador suplente.
El
Banco Africano de desarrollo está comprometido también en el Fondo Africano de
Desarrollo (FAfD) y el Fondo Especial Nigeria (NTF) Todo ello con una línea
blanda de crédito o concesional con cargo a Fondos Espaciales.
·
El Fondo Africano de Desarrollo (FAfD]. se creó en 1972 según el
Acuerdo concluido entre el BAfD y 16 países no regionales. Su establecimiento
obedeció a la necesidad de proporcionar apoyo financiero a los países miembros
del Banco en condiciones privilegiadas para inversiones de carácter social o de
baja rentabilidad.
El Fondo es un organismo independiente y sus recursos están separados de
los del Banco. El Fondo está compuesto por el Banco Africano de Desarrollo, que
con una mínima aportación detenta el 50% del poder de voto y por los países no
regionales que se reparten, según sus contribuciones, el 50% restante. Las
operaciones del FAfD complementan las operaciones del Banco, cumpliendo así una
de las funciones más importantes de la banca regional, apoyar los proyectos de
carácter social, de baja rentabilidad, que no pueden ser financiados con los
recursos ordinarios de capital. Al carecer de estructura administrativa propia,
el Fondo utiliza la del Banco Africano de Desarrollo, reembolsándole los gastos
ocasionados por las operaciones que genera. La Asamblea anual del Fondo se
celebra conjuntamente con la del Banco.
El FAfD concede préstamos reembolsables en cuarenta años, con un periodo
de carencia de diez años. El tipo de interés oscila entre el 1 y el 3%, con una
comisión administrativa del 0,75% anual. La unidad de cuenta del Fondo es la
UCF, cuyo valor originalmente era equivalente al oro. A partir de la 2a
enmienda del Convenio Constitutivo del FMI, al eliminarse la referencia al oro
en el sistema, la UCF pasó a basarse en el DEG. El FAfD comenzó sus operaciones
en agosto de 1973. Los préstamos han ido dirigidos fundamentalmente hacia la
agricultura y el transporte.
·
El Fondo Especial de Nigeria (FEN). El Acuerdo del Fondo
Especial de Nigeria fue firmado en
febrero de 1976, y entró en vigor el 25 de abril de ese año. Su dotación
inicial fue de 79,5 millones de dólares por el Gobierno de Nigeria. El objetivo
del FEN es ayudar a los países miembros del BAfD con dificultades económicas o
afectadas por catástrofes, concediéndoles préstamos en condiciones intermedias
entre las del Banco y el FAfD. La creación del FEN, por el Gobierno de Nigeria,
país productor de petróleo y en aquellos momentos en situación muy favorable,
tenía como objetivo no sólo el apoyar a las zonas más desfavorecidas de la
región, sino también estimular a otros países miembros del Banco en situación
económica desahogada a constituir Fondos Especiales para evitar la entrada de
países no regionales en el capital social del Banco. Los préstamos se conceden
a un tipo de interés anual del 4%, con un periodo de carencia de cinco años. La
devolución del préstamo está escalonada en veinticinco años. El FEN tiene una
duración limitada, treinta años, con la posibilidad de prorrogarse.
Los recursos del Banco se han dirigido
primordialmente a proyectos de infraestructura y proyectos industriales. Los
recursos del FAfD y del FEN, concedidos en condiciones privilegiadas, van hacia
proyectos de sanidad y educación, y programas de desarrollo rural considerados
de baja rentabilidad. Para ser beneficiarios de los préstamos privilegiados,
los países potencialmente receptores deben reunir determinados requisitos, en
cuanto a nivel de renta por habitante, a menos que el país miembro haya sido
víctima de una situación desfavorable no prevista. En conjunto, la agricultura
ha sido el sector más favorecido por el grupo del Banco (BAfD, FAfD y FEN). El
Banco se sirve de la cofinanciación con instituciones multilaterales y
bilaterales no regionales, para participar en proyectos de envergadura, sin
cuya colaboración no podría llevarlas a cabo.
1.5.2.- El Banco Asiático de Desarrollo. (BAsD) http://www.adb.org/
Con el propósito de contribuir al
desarrollo de los países de la región de Asia y del Pacífico, muchos de los
cuales en los años sesentas se encontraban en situación de extrema miseria, en
1966 se creó el Banco Asiático de Desarrollo (BAsD). Teniendo su sede en Manila
(Filipinas)
La estructura y funciones del BAsD son
más parecidas a las del Banco Mundial que a las de un Banco de Desarrollo
Regional. Para mantener el carácter regional de la institución, ningún país
puede suscribir una cantidad que reduzca el porcentaje de capital de los países
miembros regionales, a menos del 60% del capital total suscrito. Japón,
Australia y Nueva Zelanda, a pesar de ser países desarrollados, son miembros
regionales, que aseguran con su participación el carácter asiático de la
institución.
Las suscripciones al capital del Banco
se realizan en oro o moneda convertible al 50% y el resto en la moneda del país
miembro. En lugar de moneda local, tanto el BAsD como el resto de bancos
regionales, admiten pagarés u obligaciones no negociables y sin interés,
emitidas por el gobierno del país miembro y pagadero al Banco a la par, en el
momento que lo demande.
El Banco está compuesto por una Junta de
Gobernadores, un Consejo de Administración, un presidente y tres
vicepresidentes. Cada país miembro está representado en la Junta de
Gobernadores por un gobernador y un gobernador suplente. La Junta de
Gobernadores se reúne una vez al año y es el órgano más importante del Banco.
Los recursos del Banco Asiático de
Desarrollo están formados por los Recursos Ordinarios de Capital y los Recursos
Especiales. Los Recursos Ordinarios de Capital están compuestos por el capital
autorizado, los empréstitos, los reintegros de créditos y sus intereses y
cualquier otro recurso que reciba el Banco aparte de los Fondos Especiales. Los
principales Fondos Especiales del BAsD son el Fondo Asiático de Desarrollo y el
Fondo Especial de Asistencia Técnica.
Para el cumplimiento de dicho objetivo,
el BAsD, destina sus recursos a prestar asistencia técnica y a financiar
proyectos en los países en desarrollo de la región. Su objetivo fundamental es
el reforzamiento del sector privado, la mejoría en la gestión de los recursos
naturales.
En general, el Banco ofrece préstamos y
participaciones en capital, así como subvenciones para asistencia técnica en la
preparación y la ejecución de proyectos, programas de desarrollo y para
servicios de asesoría. También presta asistencia en la coordinación de planes y
programas de desarrollo que se lleven acabo en los países miembros del Banco.
Las operaciones de préstamos del Banco
van dirigidas a la financiación de proyectos específicos, incluidos los que
forman parte de un programa de desarrollo nacional, regional o subregional de
alta prioridad para el desarrollo. Por sectores, los préstamos del Banco han
apoyado fundamentalmente al sector energético, con la promoción de fuentes
alternativas de energía. La creación de activos físicos de infraestructura de
apoyo, tienen prioridad en la distribución de los préstamos, además de la
agricultura.
Entre otros recursos, el BAsD cuenta con
los denominados Fondos Especiales, tales como el Fondo Especial de Asistencia
Técnica o el Fondo Especial de Japón, los cuales son financiados con
contribuciones de sus países miembros.
El más importante de ellos es el Fondo
Asiático de Desarrollo, que facilita préstamos en condiciones preferenciales y
especiales orientados a países de menor desarrollo (1% de interés garantizables
en un período de 35 a 40 años, incluidos 10 de gracia).
Dentro de los FONDOS ESPECIALES
descritos con anterioridad son principalmente:
·
El Fondo Asiático de Desarrollo (FAsD). Fue establecido el 28 de junio de 1974. Su
objetivo es el de proporcionar préstamos a los países miembros en desarrollo
con bajo nivel de renta por habitante, y una limitada capacidad de
endeudamiento. El FAsD, carece de personalidad jurídica propia. Como el resto
de los fondos especiales, los recursos del Fondo Asiático de Desarrollo están
formados esencialmente por contribuciones de los países desarrollados
movilizados en reposiciones periódicas y voluntarias.
·
El Fondo Especial de Asistencia Técnica (FEAT). El Fondo Especial de Asistencia Técnica
(FEAT) se constituyó en 1977 y es una de las principales fuentes de
financiación para las operaciones de asistencia técnica del Banco. Las
contribuciones a este Fondo son de carácter voluntario (como en todos los
Fondos Especiales) y su actividad es muy importante para las transferencias de
recursos y tecnología a los países miembros menos desarrollados. En 1988 se
constituyó el Fondo Especial de Japón (FEJ), con fondos del gobierno japonés, para
financiar tanto proyectos del BAsD en el sector privado como asistencia
técnica.
En diciembre de 1998 se procedió a
revisar el sistema de clasificación de los países miembros del Banco menos
desarrollados. Esta revisión fue aprobada por la Junta de Directores y entró en
vigor el 1 de enero de 1999. Bajo este nuevo sistema, se utilizaron dos
criterios (PNB per cápita y capacidad de devolución de la deuda) para
determinar la clasificación de país miembro en desarrollo prestatario,
dividiéndolos en grupos: Grupo A, Bl, B2 y C (Azerbaiyán no ha sido
clasificado). Este sistema de clasificación determina:
* El grado de
elegibilidad para pedir préstamos del Fondo Asiático de Desarrollo.
* La cantidad
máxima de financiación a obtener del Banco.
* La mínima
participación de la contribución de los gobiernos al coste de la asistencia
técnica.
- El Grupo A incluye a: Afganistán, Bután, Camboya, Islas Salomón, Kiribati, Maldivas, Mongolia, Myanmar Nepal, República Kyrgyz, República Democrática Popular de Laos, Samoa, Tayikistán, Tuvalu y Vanuatu.
- El Grupo B1 incluye a: Bangladesh, Islas Cook (solo si mejora la situación de la deuda externa), Estados Federados de Micronesia, Islas Marshall, Pakistán, Sri Lanka, Tonga y Vietnam.
- El Grupo B2 incluye a: Nauru, India, Indonesia y República Popular de China.
- El Grupo C incluye a: Filipinas, islas Fidji, Kazakstán, Malasia, Papúa Nueva Guinea, Tailandia y Uzbekistán.
También se estableció el criterio para
la asistencia regular del Banco. HonKong, China, República de Corea, Singapur y
China Taipei fueron los seleccionados.
1.5.3.- El Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo. (BERD) http://www.ebrd.com/pages/homepage.shtml
Se estableció en enero de 1990 siendo su
inauguración en Abril de 1991 en Londres, donde se encuentra su sede, siendo
este acto refrendado con la asistencia de 41 representantes de gobierno
correspondientes a los miembros que formaban parte inicialmente de esta institución.
El objetivo de su fundación fue la de
favorecer la transición a una economía de mercado y promover la iniciativa
privada en los países de Europa Oriental (segundo mundo).
Fue fundado por 30 países, en la
actualidad cuenta con 60 miembros (58 países más la Unión europea), de los 58
países, 26 son prestatarios o países donde opera el BERD, los fundadores
fueron: Australia, Canadá, Corea del Sur, Egipto, los estados de la Unión
Europea, Estados Unidos, Israel, Japón, Marruecos, México y Nueva Zelanda. Participan
también el Banco Europeo de Inversiones y la Comisión Europea, ambos en
representación de la Unión Europea (UE).
El BERD participa de los objetivos de un
banco de desarrollo regional y de los bancos de negocios, ya que al menos el
60% de su financiación debe ir dirigido a empresas del sector privado y a
empresas públicas que estén llevando a cabo un programa de privatización. El
40% restante puede ir a proyectos del Sector Público. Otra de las
características que acercan el BERD a un banco de negocios, son los criterios
con los que se seleccionan los proyectos. La financiación solo se concede para
proyectos rentables. A diferencia de otros bancos regionales de desarrollo, las
operaciones del BERD sólo están orientadas hacia el objetivo específico del
periodo de transición de los países del Este y Centro de Europa, al proceso de
privatización y al sector privado de estos países.
La estructura del Banco está organizada
alrededor de un Consejo de Dirección con 23 miembros entre los que están países
prestatarios y prestamistas. Para coordinar las actividades locales, el BERD ha
establecido oficinas en todos los países donde opera. Los recursos los obtiene
en los mercados internacionales de capital. Su capital inicial fue de 10 mil
millones de euros. La participación de los países europeos fue superior al 75%.
La CE participó con el 51%, los países del Centro y Este europeo con el 13,5%,
la Comisión y el BEI con un 3% y el resto se repartió entre otros países
europeos. Estados Unidos participó con un 10% y la URSS con un 6%. En 1997 se
duplicó el capital del Banco a 20 mil millones de euros, para permitirle
afrontar la creciente demanda de recursos y mantener su compromiso de
sostenibilidad financiera.
La principal ventaja del BERD respecto a
otros instrumentos financieros internacionales está en la posibilidad de operar
tanto en el ámbito del sector público como el del privado y disponer de una
amplia gama de instrumentos financieros muy flexibles en cuanto a su
estructuración. Aunque la actividad del BERD se dirige fundamentalmente al
sector privado, se ha incluido en su Acuerdo Constitutivo el requerimiento de
que los proyectos del sector público no deberán exceder el 40% del total de las
inversiones del Banco.
Los instrumentos financieros del BERD
don principalmente Préstamos, Participación en el capital y Garantías. El Banco
identifica y limita el riesgo de sus operaciones de crédito. Actúa con
criterios comerciales y la carga financiera de los préstamos es a tipos de
mercado. Los tipos de interés incluyen un margen sobre la referencia del
mercado, en general se toma el Libor (London Interbank Offered Rate). Los
plazos de los créditos dependen del país y del riesgo comercial en función de
las condiciones en el mercado de préstamo sindicado. El plazo de amortización
oscila entre 5 a 1 0 años. Se pueden negociar plazos superiores (hasta 1 5
años) para operaciones de infraestructura.
Los tipos de préstamo son préstamos con
garantía o sin ella, subordinados, convertibles o con toma de participación en
capital (no concede garantías de crédito a la exportación ni actividades
aseguradoras). El plazo máximo de estos créditos es de diez años para empresas
comerciales y quince años para proyectos de Infraestructura. También existen
participaciones en el capital de las empresas y garantías y operaciones de
suscripción.
Los préstamos están denominados en
monedas convertibles o en euros. No se aceptan riesgos de cambio en las
devoluciones. El carácter de préstamos no concesionales que realiza el Banco,
hace que el importe mínimo de dichos préstamos sea superior a cinco millones de
euros; puede ocurrir que el importe del préstamo sea inferior a esa cantidad,
en ese caso, el banco suele aconsejar a los prestatarios la intermediación de
una entidad del país en cuestión para que lleve a cabo la operación.
1.5.4.- El Banco Interamericano de Desarrollo. (BID) http://www.iadb.org/es/banco-interamericano-de-desarrollo,2837.html
Iniciativa largamente esperada por los
países latinoamericanos, el Banco Interamericano de Desarrollo se creó en 1959
como una institución de desarrollo con mandatos y herramientas novedosos para
la época, concediendo su primer préstamo en la Ciudad peruana de Arequipa. Tras
largos preparativos de los países latinoamericanos, sus programas de préstamos
y de cooperación técnica para proyectos de desarrollo económico y social fueron
más allá del mero financiamiento, como era la costumbre entonces.
Los programas e instrumentos del BID
fueron tan efectivos que la institución se convirtió en modelo para la creación
de todas las otras instituciones multilaterales de desarrollo a nivel regional
y subregional.
En la actualidad, el BID es el mayor de
todos los bancos regionales de desarrollo del mundo y constituye la principal
fuente de financiamiento multilateral para los proyectos de desarrollo
económico, social e institucional, y los de comercio e integración regional, en
América Latina y el Caribe.
El Grupo BID es la principal fuente de
financiamiento multilateral para proyectos de desarrollo económico, social e
institucional en América Latina y el Caribe, y ocupa un papel de liderazgo en
el proceso de la integración regional. El Grupo BID tiene su sede en Washington,
D.C., e incluye tres instituciones:
- El Banco Interamericano de Desarrollo El BID apoya el desarrollo socioeconómico de la región con préstamos a instituciones públicas, y otorga financiamiento para algunos proyectos del sector privado, principalmente en los sectores de infraestructura y desarrollo de mercados de capital.
- La Corporación Interamericana de Inversiones La CII es una organización financiera multilateral creada en 1986 que promueve el desarrollo económico a través del financiamiento de proyectos de la pequeña y la mediana empresa privada con el fin de promocionar, establecimiento, ampliación y modernización de las empresas privadas. Es una institución afiliada al BID, los recursos se mantienen separados del BID, aunque el presidente del BID lo es también del Directivo Ejecutivo de la Cooperación.
- El Fondo Multilateral de Inversiones El FOMIN, fondo autónomo administrado por el BID, promueve el desarrollo del sector privado, principalmente en el área de la microempresa.
El BID contribuye al desarrollo
socioeconómico de América Latina y el Caribe a través de sus operaciones de
préstamo, liderazgo de iniciativas regionales, actividades de investigación y
de difusión de conocimiento, institutos y programas.
El Banco ayuda a sus países miembros
prestatarios a formular políticas de desarrollo y proporciona asistencia
técnica y financiamiento para incentivar el crecimiento económico sostenible,
reforzar la competitividad, promover la equidad social y combatir la pobreza,
modernizar el Estado, y fomentar el libre comercio y la integración regional.
Desde su creación en 1959 hasta fines de
2003, el Banco ha aprobado más de USD129.000 millones en préstamos y en
garantías para financiar proyectos que demandaron una inversión total de
USD291.000 millones, y ha otorgado USD1.950 millones en donaciones y
financiamiento concesional para programas de cooperación técnica.
Las entidades que pueden recibir
préstamos del Banco son los gobiernos municipales, estatales, provinciales y
nacionales, instituciones públicas autónomas, organizaciones de la sociedad
civil y empresas privadas con funciones de desarrollo.
Inicialmente el Convenio Constitutivo
limitaba la participación en el Banco a los países pertenecientes a la OEA,
pero pueden ser miembros del BID todos los países participantes en la
Organización de Estados Americanos (OEA) y los países miembros del FMI que lo
soliciten, y Suiza. En 1972 se modificó por primera vez el Convenio
Constitutivo para autorizar el ingreso de Canadá, país no perteneciente a la
OEA. Por la Declaración de Madrid de 1974, 12 países no regionales decidieron
ingresar en el BID, entre ellos España, modificándose por segunda vez el
Convenio Constitutivo en 1976 para dar entrada a los países no regionales.
Otros países no regionales se han ido incorporando posteriormente.
El BID consta de una Asamblea de
Gobernadores, un Director Ejecutivo, un Presidente, un Vicepresidente Ejecutivo
y un Vicepresidente encargado del Fondo. La Asamblea de Gobernadores se reúne
una vez al año.
Además de los préstamos, el BID lleva a
cabo operaciones de cooperación técnica, reembolsables y no reembolsables en
sus países miembros regionales. La mayoría de los préstamos que realiza el
Banco están financiados con los recursos que obtiene en los mercados internacionales
de capital, a través de la emisión de bonos u obligaciones en dichos mercados.
La contratación de esos préstamos lo realiza el Banco fundamentalmente a través
de dos vías: una vía directa con la fuente prestamista y otra indirecta a
través de consorcios de empresas bancadas o financieras, introducidas en los
mercados internacionales de capital. EL BID realiza sus emisiones en las
principales plazas financieras mundiales, habiendo obtenido la más alta
calificación que conceden las empresas especializadas.
Las operaciones de préstamos del Banco
están definidas según los recursos que se utilizan. Pueden ser operaciones
ordinarias, financiadas con los recursos ordinarios de capital, operaciones
especiales, con los recursos del FOE u operaciones derivadas de acuerdos de
fideicomiso, financiadas a través de la Facilidad de Financiamiento o de los
recursos de fideicomiso. Las condiciones de esas opciones varían, según el
origen de los recursos, así como los términos y condiciones de los préstamos
que dependen de la naturaleza y del coste de los recursos empleados. Los
préstamos del Banco representan alrededor de una cuarta parte del coste total
de los proyectos, el resto es financiado por el país prestatario.
La financiación ordinaria se realiza con
cargo a los recursos del capital ordinario, con amortizaciones de hasta veinte
años, reembolsable en la moneda en la que se efectuó el préstamo y a un tipo de
interés que varía cada semestre en razón del coste de obtención de los fondos
por el BID. El Banco es un simple intermediario en este tipo de operaciones al
captar los recursos en el mercado de capitales y cedérselos a los prestatarios,
ya que la parte de capital desembolsado por los prestatarios en el capital
nominal, es mínima. La segunda línea de financiación está formada por recursos
concesionales o financiación blanda. Son los recursos del FOE o Fondo para
Operaciones Especiales. La amortización puede llegar hasta 40 años, con 10 años
de carencia. Los tipos de interés oscilan entre el 1% y el 2%. La FFl o Facilidad
de Financiamiento Intermedio esta destinado a complementar la insuficiencia de
los recursos concesionales. A través de esta línea de financiación se conceden
subvenciones a los tipos de interés para préstamos ordinarios.
El Fondo para Operaciones Especiales
(FOE). Todos los Bancos Regionales tienen una ventanilla de crédito blanda o
concesional, para conceder préstamos en condiciones más ventajosas a los países
miembros más atrasados y financiar proyectos o programas de carácter social que
no pueden ser financiados por la línea ordinaria de recursos.
El Fondo para Operaciones Especiales
(FOE) se constituyó a la vez que el BID en 1959. Se estableció como ventanilla
blanda, para financiar proyectos de desarrollo social (asentamientos rurales,
educación superior, capacitación profesional, etc.), y sus recursos proceden de
contribuciones de los países miembros, de la gestión de la liquidez y de los
intereses de los préstamos concedidos.
La creación del FOE permitió al Banco
atender desde el comienzo a la financiación de proyectos de desarrollo en
condiciones más ventajosas para el país en cuanto a plazos, tipos de interés y
periodo de carencia, que si se hubieran utilizado los recursos ordinarios de
capital. Inició sus operaciones con 146 millones de dólares, aportados por los
países miembros en proporción a su participación en el capital del Banco.
El BID mantiene también una serie de
fondos con países y organizaciones internacionales, que le proporcionan
recursos adicionales. Los más importantes son el Fondo Fiduciario del Progreso
Social (FFPS), Fondos de Canadá, el Fondo Fideicomiso de Venezuela y el Fondo
Español del V Centenario, que a diferencia de los anteriores que van destinados
a la cooperación técnica, con éste se puede cofinanciar proyectos.
En 1983 se creó una tercera ventanilla
de carácter concesional, la Facilidad de Financiamiento Intermedio (FFl), para
cubrir parte de la carga por intereses de los préstamos concedidos con los
recursos ordinarios e interregional de capital del Banco, dada la evolución de
los tipos de interese en los mercados internacionales de capital.
1.5.5.- La Corporación Andina de Fomento. (CAF) http://www.caf.com/
Es una institución financiera
multilateral que apoya el desarrollo sostenible de sus países accionistas y la
integración regional.
Atiende a los sectores público y
privado, suministrando productos y servicios financieros múltiples a una amplia
cartera de clientes, constituida por los gobiernos de los Estados accionistas,
instituciones financieras y empresas públicas y privadas. En sus políticas de
gestión integra las variables sociales y ambientales e incluye en sus
operaciones criterios de ecoeficiencia y sostenibilidad.
La CAF ha mantenido una presencia
permanente en sus países accionistas, lo que le ha permitido consolidar su
liderazgo regional en cuanto a la efectiva movilización de recursos. En la
actualidad, es la principal fuente de financiamiento multilateral de los países
de la Comunidad Andina, aportándoles entre 1997 y 2002 55% de los recursos que
les fueron otorgados por los organismos multilaterales.
La aspiración de crear un organismo
financiero que impulsara y fomentara la integración de la región andina siempre
estuvo presente en el pensamiento de los pioneros de este proceso. La
iniciativa que daría origen a la Corporación Andina de Fomento comenzó a
concretarse en 1966, tras la histórica firma de la Declaración de Bogotá, en la
que estuvieron presentes sus forjadores, los presidentes Carlos Lleras Restrepo
de Colombia y Eduardo Frei Montalva de Chile, además del entonces presidente de
Venezuela, Raúl Leoni y los representantes personales de los primeros
mandatarios de Ecuador y Perú. El gobierno de Bolivia se adheriría
posteriormente, en 1967.
La Declaración de Bogotá, documento
considerado la columna vertebral de la CAF y del Grupo Andino, aprobó un
programa de acción inmediata para los países andinos, incluyendo a Chile, que
contempló la aplicación de medidas de integración económica y la coordinación
de las políticas de los países participantes en materia comercial, industrial,
financiera y en servicios de cooperación técnica. Se nombró una Comisión Mixta
para atender esas funciones y se propuso la creación de una Corporación de
Fomento.
La CAF está conformada actualmente por
dieciséis países de América Latina y el Caribe. Sus principales accionistas son
los cinco países de la Comunidad Andina de Naciones (CAN): Bolivia, Colombia,
Ecuador, Perú y Venezuela, accionistas de las series "A" y
"B", además de once socios: Argentina, Brasil, España, Chile, Costa
Rica, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Trinidad & Tobago y Uruguay,
accionistas de la serie "C" y 16 bancos privados de la región andina,
también representantes de la serie "B".
1.5.6.- El Banco Centroamericano de Integración Económica.
(BCIE) http://www.bcie.org/?lang=es
El Banco Centroamericano de Integración
Económica (BCIE), banco de desarrollo y brazo financiero de la integración,
tiene como misión fomentar el progreso e integración del istmo, propiciar el
crecimiento económico con equidad y respetar el ambiente, mediante el apoyo a
programas y proyectos públicos y privados que generen empleo productivo y
contribuyan a mejorar la productividad y competitividad, así como a elevar los
índices de desarrollo humano de la región.
Centroamérica está emergiendo como un
sector vital de la economía internacional, y por más de 38 años, el Banco
Centroamericano de Integración Económica (BCIE) ha sido la institución
financiera más influyente en la estimulación del crecimiento económico y
desarrollo de la región.
Establecido como parte del Proceso de
Integración Centroamericana en 1960, por las repúblicas de Guatemala, Honduras,
El Salvador, Nicaragua y Costa Rica, su sede se encuentra en Tegucigalpa. A
partir de 1989 ha permitido la participación de países de fuera de la ODECA,
cuenta así entre sus miembros a países como México, República China, Argentina,
Colombia, España, Panamá y La República Dominicana, también cuenta con un país
receptor que es Belice. La misión del BCIE es asistir a los sectores público y
privado centroamericanos en la consecución de recursos externos para promover
el desarrollo regional. Al buscar mercados de capital internacionales y asumir
el riesgo de los países, el BCIE ha atraído financiamiento externo para una
multitud de proyectos de asistencia financiera y técnica. Opera en la moneda
denominada Peso centroamericano que equivale a 1 dólar USA
Estos programas han mejorado y
desarrollado los sectores de energía, telecomunicaciones, transporte y
agricultura de los países centroamericanos, así como los recursos humanos,
vivienda, turismo, desarrollo social y conservación del medio ambiente.
El BCIE provee financiamiento para
algunos proyectos importantes en diversos sectores
- Telecomunicaciones El BCIE mantiene el desarrollo y mejoramiento de las infraestructuras de comunicaciones, las cuales el Banco considera vitales para la facilitación del intercambio de información, inversión extranjera y desarrollo de negocios.
- Energía La generación de energía siempre ha sido considerada como uno de los pilares del desarrollo de los países. Es por ello que el BCIE promueve la generación privada de electricidad, un sector tradicionalmente a cargo del Estado.
- Infraestructura y transporte El BCIE ha financiado la mayor parte de la red de carreteras centroamericanas, con el objeto de facilitar el movimiento de personas y bienes en la región.
- Desarrollo social El BCIE ha participado de manera importante en el desarrollo de diversos proyectos de vivienda, eliminación de la pobreza, infraestructura social y de salud y protección ambiental.
El BCIE se ha convertido en la
institución financiera más sólida a nivel centroamericano. El objetivo de este
moderno Banco Regional es: atraer recursos financieros disponibles en los
mercados de capital mundiales hacia Centroamérica para:
- Estimular al sector privado.
- Apoyar esquemas de privatización.
- Mejorar la ventaja competitiva de las economías regionales.
- Aumentar las exportaciones.
- Modernizar la infraestructura de la región.
- Mejorar las condiciones sociales de los ciudadanos de la región.
Tradicionalmente el BCIE había
financiado a los gobiernos del área a través del sector público pero como
respuesta a la lectura de su entorno, a finales de 1991 se toma la decisión
estratégica de atender las necesidades del sector privado como parte
fundamental de su misión de desarrollo.
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